El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que el paso de las tormentas Manuel e Ingrid dejó poco más de 16 mil 700 casas dañadas en el país, de las cuales alrededor de 62 por ciento corresponden a Guerrero.

En entrevista, informó que de las 10 mil 400 viviendas guerrerenses afectadas, 5 mil deberán ser reconstruidas en su totalidad, aunque aún no tienen cuantificada la inversión que eso implicará, pues continúan analizando la situación en la entidad.

Afirmó que un estudio reciente arroja que en Guerrero hay alrededor de mil 480 asentamientos ubicados a menos de 250 metros de un río perenne, lo que potencialmente podría afectar unas 50 mil viviendas.

Manifestó que ese grupo poblacional está en riesgo frente a cualquier fenómeno climático.

El funcionario participó ayer en el foro Reforma urbana: urgencia de seguridad nacional, organizado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Senado en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.

Durante su intervención, Ramírez Marín puso de ejemplo lo ocurrido en Guerrero, a pesar de que la entidad cuenta con un plan de desarrollo urbano, atlas de riesgo, así como una serie de instrumentos y herramientas para el desarrollo inmobiliario.

Pero quizá, sostuvo, parafraseando a una joven ejecutiva que escuchó en una reunión con desarrolladores y promotores de la vivienda, al inicio de su gestión, aplica que no hay nada mejor que una regla escrita; entonces sabes qué puedes violar.

Porque esa es la historia que hemos visto: una historia del desastre legalizado, una historia que legaliza la incorrección, después de que en el estado sureño se decidió modificar el plan de desarrollo urbano a partir del desastre que provocó el huracán Paulina en 1997; entonces, lo que era una obligación se volvió potestativo.

Lo que se hizo en perfecto uso de las facultades es ilegal, apuntó; se cambió un artículo que exigía la no construcción, por lo que de 2001 para acá se registraron 98 asentamientos regulares y n irregulares.

Por su parte, el legislador Francisco Búrquez Valenzuela, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado, explicó que el histórico de asentamientos irregulares en el país asciende a 200 mil: fácilmente hay otros 20 Acapulcos, apuntó.

A su vez, el subsecretario de Desarrollo Urbano de la Sedatu, Alejandro Nieto Enríquez, anticipó que con los cambios legislativos en la materia se busca optimizar el uso de la tierra y permitir, en 15 años, el acomodo de 12 millones de viviendas en 350 mil o 250 mil hectáreas de baldíos intraurbanos.