Epazoyucan, Hgo., 17 de octubre.

Habitantes de este municipio acusaron al edil priísta Carlos Santillán Muñoz de ceder en forma irregular 50 de los 193 kilómetros cuadrados de la demarcación, que incluyen mantos acuíferos y dos pozos, a la localidad vecina de Mineral de la Reforma, que se utilizarán en un megaproyecto con zona de tolerancia, casinos, campo de golf y fraccionamientos.

María Islas Espinosa, ex regidora e integrante de la asociación civil Por el Bien de Epazoyucan, aseguró que en una reunión en 2002, en la que participaron ediles de los municipios circunvecinos a Pachuca, se acordó establecer una zona de tolerancia en Mineral de la Reforma, donde gobierna el también priísta Filiberto Hernández Monzalvo.

Sin embargo, como Mineral de la Reforma ya no posee reserva territorial se quitó a Epazoyucan parte de su territorio mediante argucias legislativas.

Detalló que los 50 kilómetros cuadrados cedidos indebidamente abarcan al menos 15 ejidos, entre ellos Xochihuacán, La Calera, Nopalapa y Palacio, donde se planea crear un campo de golf, proyecto que ya se pretendió realizar en Real del Monte, pero sus habitantes se opusieron a la devastación de bosques.

Conflicto de límites, artificial

Según los denunciantes, el despojo que sufrió Epazoyucan fue disfrazado de un problema de límites territoriales que resolvió el Congreso local. El gobernador Francisco Olvera Ruiz promulgó el decreto correspondiente el 22 de agosto de 2012, pese a la inconformidad de los pobladores.

Islas Espinosa sostuvo que en este proyecto están involucradas autoridades de los tres niveles de gobierno, que han sido indiferentes a las denuncias. En agosto la asociación solicitó a la Legislatura local iniciar juicio político a Santillán Muñoz por disponer indebidamente de bienes territoriales de Epazoyucan sin consultar a sus habitantes.

Insistió en que no existe el supuesto conflicto de límites, pues el artículo 13 del bando de policía y buen gobierno del 26 de abril de 2011 fijó en 193 kilómetros cuadrados la superficie de la demarcación, y no en los 143 que quedaron tras la resolución del Congreso.

Juan Carlos Garnica González, asesor jurídico de la agrupación, dijo que el Poder Legislativo no ha respondido la demanda de juicio político. Mientras, seguirán con el juicio ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de Hidalgo y luego promoverán ante el Tribunal Colegiado de Circuito un juicio de nulidad contra la cesión.