asta donde van, los diputados han decidido que el grueso de los nuevos impuestos recaiga sobre el consumidor final y no sobre los grandes corporativos (beneficiarios de no pocos privilegios tributarios), con lo que la prioridad, el quid de la iniciativa fiscal que envió Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados –que en la propaganda promueve que paguen más quienes ganen más– parece quedar en el aire, toda vez que el régimen de consolidación fiscal goza de cabal salud, y en el mejor de los casos sólo sería atenuado, no erradicado.

Así, no serán los corporativos los que paguen un peso adicional por litro de refresco o 5 por ciento extra sobre la comida chatarra, sino los millones de consumidores adictos (México es el mayor consumidor de negras bebidas gaseosas embotelladas, sólo después de Estados Unidos) a ese tipo de productos. ¿Qué harán las empresas dedicadas a engordar a los mexicanos? Simplemente trasladar el nuevo gravamen aprobado por los inquilinos de San Lázaro.

Entonces, la mayoría de los nuevos impuestos resultantes de la iniciativa (que paguen más quienes ganan más) se concentra en los consumidores, mientras la molestia para los corporativos será la contabilidad derivada de dichos gravámenes, porque al final de cuentas –como es costumbre– simplemente cargarán los nuevos tributos al precio final de venta al consumidor (o un poco más, de ser posible, y suele serlo).

Sin duda alguna, los cabilderos más ruidosos (no necesariamente los más activos) han sido los contratados por las poderosas empresas refresqueras, que en los hechos no son más que concesionarias de Coca-Cola y Pepsi-Cola o, lo que es lo mismo, el burbujeante duopolio del ramo (en el caso de la segunda firma mencionada, junto con el Grupo Bimbo, principal fabricante de alimentos chatarra). La propaganda –del lado empresarial y del correspondiente a los propios diputados– se ha concentrado en este asunto: los primeros con el chantaje de siempre (se perderán empleos, se afectará el desarrollo industrial, etcétera) y los segundos con el vacío discurso de siempre (no nos doblaron, actuamos por el interés del país, por un México más sano, etcétera).

El hecho es que serán los consumidores quienes, una vez más, carguen con el peso de las decisiones fiscales, y no son pocos los mexicanos que masivamente consumen este tipo de productos. Sonora es la queja de refresqueras y chatarreras, porque, según ellas, corren el riesgo de reducir sus ventas (lo cual es dudoso, puesto que en México el consumo de esos productos es muchísimo mayor que la leche o la carne), pero de cualquier suerte seguirán gozando de los privilegios garantizados por la consolidación fiscal, entre otros mecanismos tributarios.

De todos es conocido que en el rincón más olvidado de la República cualquier mexicano encontrará una tiendita donde vendan refrescos y demás chatarra, pero nunca leche (mucho más cara que las burbujas endulzadas) y menos alimentos nutritivos. Las refresqueras y chatarreras han desarrollado un sistema de distribución y comercialización que ni Conasupo, en su momento, alcanzó a consolidar. ¿Cómo resuelve la reforma fiscal este grave problema? ¿Qué consumirán los mexicanos de aquellos rincones olvidados? Lo mismo de siempre, pero a mayor precio.

Felizmente, los inquilinos de San Lázaro rechazaron la propuesta del Ejecutivo de cobrar el IVA en intereses hipotecarios, renta y venta de casas habitación, espectáculos (en funciones de teatro y circo sí se cobrará), así como en restaurantes, se avaló homologar ese gravamen en los estados de la frontera y a las importaciones temporales de maquiladoras, así como aplicarlo a los alimentos para mascotas e incluso a la venta de éstas (La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez). Se supone que va para atrás la intentona sobre colegiaturas y se ha refrendado la decisión de borrar el IETU del mapa fiscal, pero el asunto de la consolidación fiscal se mantiene en el aire.

Los inquilinos de San Lázaro fueron más allá del espíritu peñanietista, y en lugar de aplicar un aumento generalizado de ISR a 32 por ciento, como propuso el presidente Enrique Peña Nieto en su iniciativa, los partidos negociaron una aplicación según los ingresos. Para personas físicas con ingresos de hasta 500 mil pesos al año, se mantendrá la tasa de 30 por ciento; de hasta 750 mil, será de 31; a partir de un millón y hasta 3 millones de pesos, una tasa de 34, y de 35 por ciento para ingresos superiores a 3 millones.

No son muchos los mexicanos con ingresos de tales proporciones, pero los que más obtienen se concentran en los beneficiaros del régimen de consolidación fiscal, que en el mejor de los casos maquillarán para que las cosas queden como hasta ahora. Habrá que conocer la decisión final, pero no hay que esperar mucho. Una de las razones de este privilegio tributario (versión oficial) es la creación de empleo y la promoción del crecimiento económico, y como es conocido por todos los mexicanos en los hechos ni uno ni otro, pero eso sí, fortunas de ensueño. Entonces, si se mantiene intocado o, en el mejor de los casos, le dan un retoque, las cosas permanecerán tal cual, con todo y nuevos gravámenes a la chatarra, algo que, por cierto, no estaba contemplado en la propuesta original del inquilino de Los Pinos.

Ya en 2008, cuando en pleno calderonato inventaron la doble tributación por medio del IETU (que felizmente ahora desaparecen), los diputados hablaron y hablaron de cancelar la consolidación fiscal por ser inequitativa y privilegiar al compacto grupo empresarial de siempre, pero a la hora de la hora aprobaron todo tipo de nuevos impuestos y dejaron intocada a dicha consolidación con el mismo pretexto: empleo y crecimiento económico, que brillan por su ausencia.

Habrá que esperar el resultado final, a conocer a detalle todo lo aprobado, pero si los diputados no tocan los regímenes especiales (y aún faltan los senadores) el erario no sólo verá cancelada, una vez más, la posibilidad de incrementar sustancialmente sus caudales, sino que los mexicanos de nueva cuenta serán testigos de que las grandes reformas fiscales siempre terminan en misceláneas con nuevos parches que nada resuelven.

Las rebanadas del pastel

Cinco años después del anuncio original (18 de marzo de 2008, en el 70 aniversario de la expropiación petrolera), los mexicanos han sido enterados de que la construcción de la refinería Bicentenario estará supeditada a la aprobación de la reforma energética, según anuncio de Pedro Joaquín Coldwell, secretario del ramo. Qué bueno que lo aclara, porque despeja dudas –si las hubiera– sobre la intención privatizadora.

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