Como en ninguna de las jornadas anteriores, la Cámara de Diputados se vio invadida por decenas de cabilderos y representantes de las empresas nacionales y trasnacionales productoras de comida chatarra, bebidas endulzadas y mineras, pues aún pretendían echar abajo los impuestos aprobados por la Comisión de Hacienda, mismos que posteriormente fueron ratificados por el pleno camaral.

Si en los años recientes se había incrementado la voracidad de los cabilderos por convencer a los diputados con prebendas y canonjías para dar la vuelta a las propuestas hacendarias del Ejecutivo federal, ayer los enviados de las productoras de comida chatarra, refrescos, azucareros, mineras extranjeras y empresas de autotransporte se desplegaron por las oficinas de diputados de PRD, PAN y Partido Verde.

Muy activo se vio al ex diputado Max Correa, quien representó al partido de Elba Esther Gordillo (Panal) y se acercó al PRD durante la pasada legislatura (61). Ahora cabildea en favor de una refresquera y se mueve como pez en el el agua aprovechando sus relaciones con un buen número de legisladores.

Así como el cabildero Correa, grupos de representantes de las empresas descritas hicieron sus últimas negociaciones con los diputados que aceptaron acercarse a sus propuestas. Incluso, una vez iniciada la sesión ordinaria en el salón de plenos, los negociadores y sus acompañantes se instalaron en el área de invitados, donde insistían en convencer a los legisladores de sus ofrecimientos a cambio de dar la vuelta a las medidas recaudatorias que los diputados aprobaban una a una.

En el caso del impuesto a las bebidas azucaradas, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) insistía a los diputados su total rechazo a la aplicación del IEPS, ‘‘ya que al ser aplicado a los refrescos afectaría hasta en 30 por ciento nuestros ingresos, y pondría en riesgo nuestros más de dos millones de autoempleos’’.

Las refresqueras utilizaron todos los instrumentos para defender sus intereses. La Anpec salió a la palestra y en un oficio enviado a los diputados hizo un llamado a tomar en consideración que ‘‘alrededor de 5 millones de mexicanos (que) vivimos de esta actividad, que damos servicio a más de 20 millones de personas, que servimos como banca social al dar crédito a la palabra a nuestros clientes, es decir, que representamos real y verdaderamente un tejido social que se mantiene dentro de la legalidad y formalidad haciendo grandes y graves esfuerzos’’.

La alianza confirma a los diputados que logró recolectar un millón 159 mil misivas firmadas por pequeños comerciantes, y de esa forma, ‘‘respetuosa pero enérgicamente, venimos a tocar su puerta para hacerles ver que el voto que emitan respecto a este impuesto, afectará directamente esta fuente de empleo que da sustento a todas estas familias bien habidas de mexicanos.