La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, manifestó que la iniciativa de reforma sobre cuota de género del presidente Enrique Peña Nieto busca eliminar todo tipo de discriminación en la vida política.

Recordó que el Poder Judicial ya estableció jurisprudencia y ahora es necesario hacer los cambios legales para garantizar que 50 por ciento de los asientos en el Congreso sean ocupados por mujeres. Agregó que las personas comprometidas con la igualdad sustantiva estamos convencidas de que, de ser aprobada la iniciativa del Presidente, la democracia se fortalecerá con la participación igualitaria de mujeres y hombres, y el futuro del país será más próspero.

En la sesión solemne del Senado para conmemorar el 60 aniversario del voto de la mujer en México, las senadoras Martha Elena García, del PAN, y Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano, demandaron a Peña Nieto que ponga el ejemplo, modifique su gabinete e integre a 50 por ciento de mujeres, ya que no basta que mande una iniciativa para que la mitad de candidaturas al Congreso sean para ese género.

Sansores destacó que en los cargos de gobierno no se requieren cuotas que estén inscritas en la ley, sino voluntad política, y para muestra basta un ejemplo: Andrés Manuel López Obrador, en su toma de posesión como jefe de gobierno, el 5 de diciembre de 2000, presentó un gabinete integrado por 50 por ciento de mujeres.

Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Anaya Cortés, afirmó que es necesario superar la desigualdad en la participación pública entre mujeres y hombres, mediante acciones afirmativas acompañadas de políticas integrales. Refirió que México fue uno de los últimos países de América Latina en reconocer esa prerrogativa electoral de las mujeres.

Por separado, durante un foro organizado por el 60 aniversario del voto de la mujer en México, especialistas y magistrados coincidieron en señalar que con la finalidad de darle mayor impulso a las acciones afirmativas en materia de equidad de género, es necesario elevar a rango constitucional algunos de los cambios fundamentales tendientes a lograr mayor presencia de la mujer en cualquiera de los órganos públicos.

La magistrada María del Carmen Alanís, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se pronunció por impulsar principios de paridad, alternancia y rotación en todos los congresos, así como en los ayuntamientos y en las presidencias municipales.

La consejera Macarita Elizondo, del Instituto Federal Electoral, señaló que no es posible que la realidad política del país arroje cifras como que de cada cien ayuntamientos sólo siete son presididos por mujeres o que no haya ninguna gobernadora. Y que los altos cargos de la Suprema Corte estén ocupados por hombres, menos una secretaria ejecutiva y dos distinguidas ministras, y que la presidencia del máximo tribunal del país, a casi dos siglos de existencia, siga sin estar encabezada por una mujer.