La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso un freno a la ubicación arbitraria de casinos, al negar sendos amparos a empresas dedicada a este rubro que impugnaron la obligación legal de contar con la opinión favorable de la entidad federativa, ayuntamiento o autoridad delegacional correspondiente para la instalación de casas de juego.

Por unanimidad, los ministros de la segunda sala de la SCJN negaron la protección de la justicia federal a las empresas Recreaciones de Habilidad y Destreza SA de CV y Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua SA de CV, las cuales, además de operar decenas de casinos en el estado de Nuevo León, están involucradas en una serie de actos de corrupción que involucran a funcionarios federales, locales e incluso jueces de la Federación por presuntas irregularidades en la obtención de permisos para operar.

Por unanimidad, los ministros validaron la constitucionalidad del artículo 22 del Reglamento Federal de la Ley de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 2004, el cual impone como condición para instalar casinos, que la entidad federativa o la autoridad local correspondiente otorgue su aval.

Tan sólo la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua SA de CV, que opera 18 casinos en ocho estados de la República, siete de ellos en cuatro municipios de Nuevo León, ha estado involucrada en una serie de amparos para lograr que las autoridades federales y estatales reconocieran la validez de algunos de sus permisos (como el DGAJS/SCEVF/P-08/2005).

En el caso de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza SA de CV –que opera entre otros el casino La Fortuna– ha estado involucrada en la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del ex juez federal Pedro Arturo Cardona Calderón, quien siendo titular de un juzgado de distrito en Coahuila habría otorgado amparos ilícitos para operar a casinos de la zona metropolitana de Monterrey.

Luego de la tragedia ocurrida en agosto de 2011 en el casino Royale de Monterrey, donde murieron más de 50 personas, se hicieron públicos presuntos actos de corrupción para la instalación de casinos en Nuevo León, en los que estarían involucrados jueces federales, políticos estatales y municipales y empresarios, además de la sospecha sobre la participación en el negocio del juego de la delincuencia organizada.

Esta situación generó una serie de medidas para tratar de ordenar la operación de los casino por parte de las autoridades estatales y locales, las cuales exigieron que fuera tomada en cuenta su opinión antes de la instalación de dichos establecimientos de juegos.