En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Amnistía Internacional acusó que México aún no aplica medidas efectivas de combate a ese flagelo.

Lamentó que pese a los más de 53 millones de personas en situación de pobreza –más de 20 millones de ese total en pobreza alimentaria, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social–, y de los reiterados compromisos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el problema pareciera estar relegado a segundo plano en la políticas públicas.

En un comunicado, el organismo mundial llamó a las autoridades mexicanas a cumplir su obligación de garantizar el acceso a los derechos que permitan a las personas escapar de esa condición, frente a esas escandalosas cifras, lo cual incluye firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a lo cual se han negado.

Dicho protocolo abre una vía para que las personas en esa situación puedan reclamar sus derechos. Es decir, posibilitaría a quienes sufren violaciones a sus garantías económicas, sociales y culturales acceder a un mecanismo de investigación de carácter confidencial, por medio de un Comité de la Organización de Naciones Unidas.

Sin embargo, AI se dijo sorprendida porque el gobierno se niega a firmar y ratificar ese esquema, lo cual pone en duda la seriedad del compromiso de esta administración en el combate a la pobreza.

Convocó al Estado a definir mecanismos efectivos para terminar con esta tragedia, los cuales –sostuvo– deberán contar con objetivos claros y medibles, que integren una prospectiva de derechos humanos y consideren la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil para su planeación y aplicación.