La Cruzada Nacional contra el Hambre en el Distrito Federal no ha podido arrancar porque las autoridades federales no han respetado los acuerdos y tampoco han informado sobre el presupuesto con que cuentan para la aplicación del programa en esta ciudad, indicó la jefa delegacional de Gustavo A. Madero, Nora Arias Contreras.

La cruzada está detenida, pero no por la Gustavo A. Madero, sino porque las autoridades federales no han hecho las cosas de manera institucional. No han respetado los acuerdos, aclaró.

Cuestionada al término del anuncio del decreto del Día del trato igualitario en la ciudad de México, realizado en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Arias refirió que durante la reunión que sostuvo el pasado 5 de septiembre con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, Sixto Hoyos, éste no sólo admitió que la cruzada carecía de presupuesto, sino que se comprometió a no realizar el registro de beneficiarios de los programas federales en lugares privados o cerrados que pudieran dar motivo al manejo clientelar.

Sin embargo, tres días después se detectó que el programa 70 y más se seguía promoviendo en un lugar cerrado y privado en Cuautepec y Aragón.

La delegada recordó que el pasado mayo, diputados denunciaron un uso irregular del citado programa, ya que se condicionaba a los beneficiarios el apoyo federal a cambio de la afiliación al PRI y se les ponían sellos en los brazos.

Durante las reuniones siempre pregunté cuánto presupuesto tenían y nunca me dijeron. No puede ser que no sepan cuantos recursos tienen para ejercer, externó la funcionaria.

Arias Contreras puntualizó que de ninguna manera se opone a que se otorguen apoyos que realmente beneficien a los ciudadanos, pero advirtió que está en contra de que se pretenda engañar a la sociedad con programas ambiguos y sin recursos, sobretodo porque tenemos el antecedente de un lamentable acontecimiento de manejo clientelar en la zona de Cuautepec.

Comentó que incluso las reglas de operación de la cruzada fueron cuestionadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual considera que carece de un diagnóstico y diseño adecuados; no se tenía claridad sobre cómo se tendrán avances en los programas, ni se dio a conocer la documentación sobre la que se basó el diseño de éste.