Representante de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio El Mante, en Tamaulipas, denunciaron que el proceso de quiebra y posterior enajenación de dicho ejido presumiblemente se realizó de manera fraudulenta y con una rapidez inusitada en favor de la empresa Ingenio El Mante, SA de CV, representada jurídicamente por Juan Pablo Silva García, hijo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Silva Meza.

José Juan Pérez Sánchez, abogado del equipo jurídico de la cooperativa, solicitó un juicio de nulidad contra Ingenio El Mante para la devolución y restitución del inmueble que alberga la unidad industrial, por haberse detectado una serie de irregularidades durante el proceso de quiebra, iniciado en 1991, en contra de la cooperativa.

En entrevista con La Jornada, el litigante y el apoderado legal de la cooperativa, Joel de la Rosa, relataron que en 1991, Financiera Nacional Azucarera (hoy en liquidación por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) empezó un procedimiento de quiebra contra la sociedad cooperativa y los obreros del Ingenio el Mante, que en un lapso menor de 24 horas se llevó a cabo, desde la presentación de la solicitud, la admisión de ésta, allanamiento a la petición de quiebra por un apoderado de la cooperativa que no contaba con facultades suficientes, declaración de quiebra y toma de posesión de los bienes.

Explicaron que en 2011 los asesores de la cooperativa se dieron cuenta de que el proceso se dio con muchas irregularidades, dado que Financiera Nacional Azucarera, solicitante de la quiebra, no contaba con cantidades líquidas para iniciar el procedimiento. Además, no se les emplazó, compareció un apoderado que no contaba con facultades de dominio y el escrito por el que se supone se allanó el camino para el proceso ostenta una firma que no corresponde a ese apoderado –probado en juicio con las pruebas periciales correspondientes.

Asimismo, señalan, un juez incompetente conoció del caso por razón de territorio, pues el domicilio social de la cooperativa se encuentra en Tamaulipas y el juicio se llevó ante un juez del Distrito Federal.

La contundencia de las pruebas ofrecidas y desahogadas propició que tres autoridades judiciales –una local y dos federales– reconocieran y declararan procedente la acción de nulidad absoluta de la compraventa judicial del ingenio propiedad de la cooperativa.

Los representantes de los trabajadores señalaron que coicidentemente, y posterior a la intervención del abogado Juan Pablo Silva García, se tramitó un juicio de amparo en favor de Ingenio El Mante, SA de CV. Así, el anterior criterio de nulidad fue cambiado y el segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito en el Distrito Federal estableció que la acción ejercitada (nulidad de juicio concluido) debía estudiarse, con lo cual tenía que considerarse como prescrita.

Ante este hecho, los integrantes de la cooperativa denunciaron la sesgada interpretación de esta controversia. Detallaron que según el último avalúo oficial realizado en 1976, la instalación industrial tenía un valor de 356 mil millones de pesos (época cuando la moneda mexicana contaba con tres ceros más) y fue vendido a Ingenio El Mante, SA de CV en 52 mil millones de pesos, una séptima parte de su valor real.

El apoderado legal de la cooperativa, Joel de la Rosa, quien representa a 2 mil 923 socios activos, sucesorios y viudas, pidió la intervención de las autoridades para resolver esta controversia; de lo contrario, advirtió que junto con otras cooperativas y sindicatos realizarán plantones en la sede de la SCJN, entre otras.