Mexicali, BC, 21 de octubre.

El Congreso de Baja California pretende hacer efectiva una reforma constitucional negociada por la mesa directiva de la anterior klegislatura, sin aval del pleno, para ampliar de nueve a 15 años la gestión de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado.

Pese a que tres de los cinco cabildos de Baja California rechazan la reforma, lo cual la invalida, un día antes de concluir su gestión el presidente de la 20 Legislatura, Gregorio Carranza, primero del partido Nueva Alianza y después afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), expidió el decreto 573 para cambiar el quinto párrafo del artículo 58 de la Constitución estatal.

Al conocerse la oposición de los cabildos de Tecate, Playas de Rosarito y Tijuana en la sesión del 13 de marzo pasado, se declaró procedente el dictamen 207 de la comisión de gobernación, legislación y puntos constitucionales, que rechazó la reforma al artículo 58, según la gaceta parlamentaria.

Sin embargo, el 25 de septiembre Carranza pidió al secretario Marco Antonio Vizcarra –quien milita en el Partido Estatal de Baja California pero apoyó al candidato priísta a la gubernatura, Fernando Castro Trenti– incorporar el quinto párrafo al artículo 58 de la Constitución local, de modo que los magistrados sólo puedan ser destituidos al cumplir 15 años.

El diputado panista Ricardo Magaña rechazó la modificación. Señaló que los ayuntamientos de Tijuana y Playas de Rosarito se opusieron a la reforma y que, en todo caso, correspondería al Poder Judicial del estado interponer una controversia.

Los secretarios de gobierno de Tijuana y Rosarito, agregó, enviaron por correo electrónico oficios en los que notificaron el rechazo de sus respectivos cabildos.

Carranza propuso un receso que duró dos horas y 15 minutos. Cuando los diputados regresaron resolvieron dictámenes de la comisión de fiscalización, sin llegar a un acuerdo sobre la reforma constitucional.

Sin embargo, el mismo 25 de septiembre, los diputados Carranza y Vizcarra firmaron el acuerdo de la mesa directiva según el cual la notificación de los cabildos es improcedente porque no enviaron documentos originales. El Partido Acción Nacional interpuso un juicio de revisión constitucional.

El último día de su gestión, el 30 de septiembre, los legisladores enviaron el decreto 573 al Poder Ejecutivo para que se publicara en el Periódico Oficial; sin embargo, podría ser vetado por no provenir del pleno.

El plazo de nueve años de los actuales magistrados vence a finales de 2013.