El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de Nuevo León que emita la ley reglamentaria del artículo 95 de la Constitución estatal, a efecto de que exista una norma específica para dirimir las diferencias entre los municipios y el gobierno estatal o entre ayuntamientos. Por ocho votos a dos, los ministros consideraron que la legislatura local incurrió en omisión al no aprobar dicha ley, pese a que en 1999 el Congreso de la Unión determinó que cada entidad debía aprobar dicha norma.