Buenos Aires, 22 de octubre.

Una sorprendente resolución de la Suprema Corte de Justicia de Argentina que rechaza una impugnación para impedir el desalojo de la Planta de la Industria Metalúrgica Plástica Argentina (IMPA), ubicada en el barrio porteño de Almagro, podría llevar al desalojo de los trabajadores que con grandes sacrificios recuperaron esa fábrica en quiebra en tiempos de la crisis de 2001.

La noticia se conoció este fin de semana, lo que provocó una fuerte conmoción entre los trabajadores de la que fue ejemplo de la voluntad de decenas de desempleados que tomaron esa fábrica abandonada. De acá no nos vamos a mover. Hace años que venimos defendiendo este lugar y no nos vamos. Ahora le estamos pidiendo a la Legislatura que nos de la expropiación definitiva, dijeron voceros de los trabajadores.

La historia de la fábrica, ha sido contada en diversos lugares –entre ellos por este periódico– y es considerada un caso pionero en el movimiento de fábricas recuperadas que existe en el país.

Miles de personas rodearon solidariamente este lugar para ayudar a los trabajadores a resistir y ahí se gestó buena parte de que hoy es el Movimiento de Empresas Recuperadas, una de las respuestas más importantes y colectivas al depredador huracán neoliberal como cuentan los trabajadores.

En estos últimos años, mientras un sector de la planta se dedicaba a la producción se creó un centro cultural, una escuela secundaria para jóvenes y adultos, con una sala de atención médica gratuita. También comenzó a funcionar una Universidad Obrera.

Hasta 1998 esta fábrica producía aluminio, y había sido importante cuando el país producía aviones hasta los años 90.

En 1998 vino la quiebra y además de despedir a decenas de trabajadores nunca les pagaron la indemnización correspondiente.

Fue ese momento a finales de los 90 que los trabajadores se organizaron para tomar el lugar, resistiendo a fuerzas policiales y diversos intentos de desalojo contando con la solidaridad de movimientos sociales, grupos intelectuales, políticos y trabajadores de las otras empresas recuperadas que fueron tomadas como un modelo por diversos países de la región.

Sin embargo, allí comenzó un proceso judicial; en 2009 un juez declaró inconstitucional la expropiación, lo que fue ratificado por la Cámara (tribunal) en lo Civil y Comercial l.

De acuerdo con la decisión de la Suprema Corte, unas 130 familias que tienen allí su fuente de sustento serán desalojadas y serán clausurados el bachillerato popular, el centro de salud y el centro cultural instalados en el predio por la cooperativa, denunciaron los trabajadores.

En tanto, todas las empresas recuperadas están en alerta y solidarias con sus compañeros, que esperan también solidaridad del mundo.