A dos días de que venza el plazo para que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) supervise el cumplimiento de sus recomendaciones por parte del gobierno mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto remitió al Senado tres iniciativas para reglamentar la suspensión de garantías, garantizar el debido proceso a extranjeros en proceso de ser expulsados del país y adecuar el delito de desaparición forzada de personas a los estándares internacionales, que lo considera imprescriptible.

Además, el Ejecutivo federal remitió al Senado un exhorto con el propósito de que se retiren las reservas formuladas a diversos tratados en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, para que no se considere como acto que guarde relación con la disciplina militar.

De esa forma, precisa el Ejecutivo, la desaparición forzada de personas será juzgada en tribunales civiles, aun cuando se involucre a elementos de las fuerzas armadas, de acuerdo con lo establecido en esa convención. El retiro de la reserva reconoce la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla –desaparecido por militares durante la guerra sucia en Guerrero– y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia, así como el derecho humano y principio de juez natural establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.

En la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional se regula el ejercicio de las facultades de las autoridades y el procedimiento para restringir o suspender en todo el país o un lugar, el ejercicio de algunos derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente  a casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Se señalan los derechos que no podrán ser suspendidos en términos del artículo 29 de la Constitución –vida, integridad personal, legalidad, etcétera– y se otorga un plazo de 72 horas para que el Congreso o la Comisión Permanente resuelvan sobre la suspensión.

Acerca de la ley reglamentaria del artículo 33, se busca restringir la facultad discrecional absoluta que tenía el Ejecutivo federal en la expulsión de extranjeros; establece un procedimiento para garantizar el derecho de audiencia y el debido proceso, y precisa que éste no podrá exceder del plazo de 60 días, además de que procederá el amparo.

Peña Nieto envió reformas a los artículos 215-A, 215-B y 215-C, y adiciona el 215-E al Código Penal Federal para adecuar el delito de desaparición forzada de personas a los estándares internacionales: asienta que esa transgresión la pueden cometer servidores públicos o particulares que contribuyan a la comisión del mismo; incrementa la pena mínima de cinco a 20 años de prisión, y la máxima de 40 a 50 años, lo considera imprescriptible, y no procederá la amnistía ni el indulto.

El Presidente exhortó al Senado a retirar las reservas que el gobierno mexicano formuló a instrumentos multilaterales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.