La Cámara de Diputados autorizó una segunda prórroga de un año para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSS) concluya el proceso de evaluación y control de confianza de los policías del país, el cual debía terminar en diciembre próximo.

El pleno manifestó que es preferible ampliar el plazo para evitar el despido automático de 36 por ciento de los agentes que no han presentado las pruebas de control, y por ello respaldó la minuta enviada por el Senado.

No nos queda de otra. El riesgo es que si ya nos la hicieron los gobernadores, nadie asegura que el próximo año los tendremos aquí otra vez haciendo cola, expresó el diputado Víctor Díaz Palacios (PRI).

Ello en referencia a que la principal responsabilidad del incumplimiento es atribuible a las entidades y a que la Cámara no podía incurrir en la irresponsabilidad de mandar a la calle a miles de policías, con el riesgo de que fueran cooptados por la delincuencia organizada.

El dictamen de la Comisión de Seguridad Pública detalla que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del SNSS, a agosto pasado los estados sólo habían cumplido con 64 por ciento de la evaluación de sus policías.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Lizbeth Rosas (PRD) sostuvo que las entidades con más rezagos en la certificación policial, en promedio de 51 por ciento, son Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero y estado de México, justo los sitios donde la inseguridad está en sus niveles más altos.

La Cámara reconoció la postura fijada en el dictamen, de que los estados argumentaron dificultades para cumplir la evaluación de todos los policías y que decidir el despido de quienes no han sido sometidos a las pruebas de confianza por causas ajenas a ellos implicaría una violación a sus derechos laborales.

Se dejaría a la sociedad en situación de riesgo, al no proveer a los elementos de un medio de sustento, pudiendo quedar su entrenamiento y formación inclusive a la mano de la delincuencia común u organizada, alertó la comisión.