Con los recientes cambios a la legislación federal, todo juez en el país deberá emitir sus sentencias teniendo en cuenta no sólo el derecho mexicano, sino el internacional y atendiendo siempre la decisión que sea más favorable a la persona, aseguró el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.

Comparado con los resultados que México obtuvo hace cuatro años al ser evaluado por el Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) de la Organización de Naciones Unidas, en materia de derechos, México está hoy mucho mejor, dijo.

En entrevista con La Jornada, el funcionario convino en que a pesar de las mejoras, se debe trabajar para que las reformas constitucionales sobre derechos humanos de 2011; la nueva Ley de Amparo; las leyes General de Víctimas, de Migración, de Refugiados y de Protección Complementaria, así como la que establece el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se apliquen cabalmente en todo el país.

El MEPU fue creado en 2006 –se aplica cada cuatro años– como una forma de evaluar la situación de las garantías fundamentales en cada uno de los estados miembros de la ONU, con el objetivo de mejorar la situación en el mundo, así como fomentar el intercambio de buenas prácticas y experiencias en la materia.

Asisten Sedena, PGR y comisión para los pueblos indígenas

Para el examen que se realizará este miércoles en Ginebra, Suiza, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade Kuribreña, encabeza la delegación nacional.

Participan además funcionarios de la cancillería y de las secretarías de la Defensa Nacional y de Desarrollo Social, así como de la Procuraduría General de la República, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Mujeres, legisladores y un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

El examen se basará en un informe que el Estado mexicano presentó en julio pasado, una compilación de información de organismos de la ONU y otra que incluye información proporcionada por organismos de la sociedad civil y agrupaciones públicas autónomas de derechos humanos. A partir de estos documentos, los países participantes formularán comentarios, preguntas y recomendaciones.