En vísperas de que México sea nuevamente evaluado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidad (ONU) en materia de respeto a las garantías individuales de las personas, organizaciones sociales destacaron ayer que se ha avanzado en la aprobación de leyes que promueven los derechos humanos, pero persisten problemas para que los funcionarios cumplan con esas normas, además de que subsisten las desapariciones forzadas y los feminicidios, entre otros delitos.

Alejandra Nuño, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que sin duda hay que reconocer la aprobación de la reforma constitucional en materia de garantías individuales y la ley de víctimas, pero aún quedan pendientes. Uno de ellos es que no se ha hecho justicia en el caso Radilla, y continúan vigentes figuras y prácticas increíblemente arbitrarias, como la del arraigo.

Señaló que en la anterior evaluación, en 2009, que realizó a México el consejo de la ONU, como parte del examen periódico sobre derechos humanos al que se someten todos los países, el Estado mexicano se negó a erradicar el arraigo, por lo que espera que en esta ocasión sí se avance en ese asunto.

Otro de los temas que no se ha resuelto se refiere a la protección de los periodistas. Si bien hay un mecanismo para su defensa, este tiene problemas que deben eliminarse y que tiene que ver con cuestiones burocráticas, como falta de personal.

Nuño destacó que autoridades gubernamentales siguen negándose a emitir la alerta de género ante la violencia que padecen las mujeres. Entre ellas se encuentran las del estado de México, Guanajuato y Oaxaca.

Por su lado, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, coincidió con Nuño en que han habido logros en temas legislativos, pero hay dificultades en la aplicación de estas leyes.

Añadió que subsiste la impunidad para quienes agreden a defensores de derechos humanos, mientras los feminicidios no dejan de crecer y la resolución de las desapariciones forzadas sigue siendo una deuda pendiente.

Cortez recordó que en 2009, el Estado mexicano recibió varias recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se negó a aceptar, entre ellas, la desaparición del arraigo y las modificaciones al fuero militar.

El defensor de derechos humanos consideró que no hay elementos para señalar que ha habido un viraje en lo que hace a la actuación del gobierno mexicano frente a los derechos humanos.

Alejandra Nuño instó al Estado a allanarse a las recomendaciones que le haga la ONU en el examen periódico. Esa actitud mandaría un importante mensaje de compromiso con los derechos humanos.