Al responder al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de las garantías fundamentales en el país, el Estado mexicano minimizó los problemas, dio una respuesta incompleta sobre el diagnóstico que tienen las organizaciones no gubernamentales (ONG) y trató de invisibilizar algunos casos, como el de la violencia generada por el crimen organizado.

Agrupaciones sociales de defensa de derechos humanos caracterizaron de esta manera la actuación de la delegación mexicana en la sesión del Examen Periódico Universal de la ONU, celebrado ayer en Ginebra.

Resaltaron que las 188 recomendaciones que recibió el Estado mexicano representan el doble de las que se hicieron hace cuatro años, cuando hubo 91.

Agnieszka Raczynska, de la Red Derechos para Todos, atribuyó el incremento a que se repitieron temas abordados hace cuatro años, cuando el país acudió a su primer examen.

En conferencia de prensa, representantes del Centro Fray Matías de Córdova, Equipo Pueblo, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Pro, resaltaron el hecho de que las autoridades mexicanas no han asumido la gravedad de la situación que impera en el país sobre las garantías fundamentales y eso se refleja en el informe que presentaron ante la ONU.

Agregaron que las recomendaciones hechas por diversos países se refieren a problemas como el arraigo, agresiones a periodistas, violencia de género y el tema de desplazados y desaparecidos por la delincuencia. El deterioro de las garantías se puede ver en el número de personas asesinadas en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.

No se ve un Estado que reconozca la situación y construya una política pública que atienda los problemas, agregaron. Reconocieron que ha habido avances en reformas legislativas de apoyo a los derechos humanos, pero hace falta aterrizar dichas normas.