La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) disminuyó el número de agentes asignados a México debido a que autoridades nacionales modificaron su esquema de trabajo e intercambio de información, y ya no les permite libre acceso a investigaciones ni que participen en operativos contra el crimen organizado, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

A pesar de la disminución de funcionarios antidrogas y de la agencia de inmigración y control de aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las oficinas estadunidenses siguen operando dos centros de recolección y procesamiento de información obtenida en territorio mexicano, uno de ellos dentro de un hotel en inmediaciones del Ángel de la Independencia y otro en Paseo de la Reforma 265, donde se instaló la Oficina Bilateral de Seguimiento a la Iniciativa Mérida.

Las fuentes consultadas refirieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto modificó el número de funcionarios con los cuales los agentes de Estados Unidos pueden intercambiar o entregar información obtenida en indagatorias contra personas consideradas presuntos delincuentes. En la Secretaría de la Defensa Nacional, sólo su titular tiene contacto con los representantes estadunidenses. Lo mismo ocurre en la Procuraduría General de la República (PGR).

Una de las instituciones con las cuales la DEA mantiene mayor operatividad es con los mandos de la Armada, señalaron los funcionarios entrevistados.

En la PGR se cancelaron los ingresos de agentes estadunidenses a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y otras subprocuradurías, con lo cual se terminó el acceso a los expedientes de investigación y a los presuntos delincuentes que se encuentran detenidos.

Cambios desde enero

Según funcionarios de la PGR, desde enero se modificaron las condiciones de intercambio de información y todas las solicitudes se canalizan por conducto del procurador Jesús Murillo Karam.

En tanto, en la Seido agentes del Ministerio Público Federal todavía trabajan con equipos de cómputo donados a la PGR durante la gestión de Eduardo Medina Mora y con aparatos de intercepción de llamadas y correos electrónicos que se adquirieron con recursos de la Iniciativa Mérida en la administración de Marisela Morales Ibáñez.

Desde la Oficina Bilateral de Seguimiento a la Iniciativa Mérida operan 75 personas, la mayoría pertenecientes a agencias estadunidenses de combate a grupos criminales y, de acuerdo con la información proporcionada por funcionarios mexicanos, ahí llegan ex servidores públicos de diversas instituciones a entregar información, ya que fueron contratados como informantes en México.

Aunque desde la creación de esas oficinas el gobierno mexicano aseguró que en ellas no se realizarían acciones de inteligencia, se lleva a cabo una cotidiana recolección de información que luego es transferida al segundo centro de inteligencia y paralelamente se entregan datos a los jefes de las delegaciones de agencias como la DEA, ICE y la de Alcohol, Tabaco y Armas.

El propósito es realizar investigaciones y cruzar información que luego se utiliza para elaborar las listas –que se hacen públicas– de presuntos delincuentes a los que se congelan los bienes en Estados Unidos.

Los agentes estadunidenses ya no se disfrazan y son llevados a los operativos, pero a pesar de que han disminuido los niveles de cooperación y no se ha llegado a acuerdos para el uso de recursos de la Iniciativa Mérida –que inicialmente constaba de una ayuda económica, en capacitación y tecnología por mil 400 millones de dólares para instituciones mexicanas–, las dependencias nacionales han requerido apoyo estadunidense, por ejemplo, para detener en julio pasado a Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, quien se convirtió en el principal líder de Los Zetas y fue aprehendido con ayuda de aviones no tripulados, señalaron los entrevistados.