Luego que un juez federal dictó medidas cautelares para evitar la siembra de maíz transgénico en el país, Adelita San Vicente Tello, directora de la fundación Semillas de Vida, dijo anoche que esta medida abre la puerta para debatir si realmente se requieren esos productos en la nación.

Destacó que el Estado mexicano tiene la oportunidad de demostrar que está a favor de los ciudadanos y no de las empresas trasnacionales dedicadas a los transgénicos.

Junto a Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, alertó que parece haber ligas entre estos consorcios y funcionarios gubernamentales, que podrían utilizarse para impulsar la siembra de transgénicos.

En el foro Derecho humano a la alimentación, soberanía alimentaria y transgénicos, Concha Malo aludió a los problemas de salud que se han asociado al maíz modificado genéticamente y expuso que comer no debe ser un riesgo para la salud.

Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, expuso por su lado que el Estado ha eludido los problemas de obesidad y diabetes de manera irresponsable.

Subrayó que hay 15 millones de diabéticos en el país y muchos no saben que padecen esta enfermedad. También consideró que la actuación del Estado en este tema obedece en parte a su debilidad y a la descentralización desordenada del sistema de salud en los estados.

Por su lado, Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Productores del Campo, recordó que en los pasados 30 años se modificó el sistema de producción agrícola del país.

Los apoyos que recibían los campesinos fueron eliminados y en lugar de garantizar la existencia de una producción nacional se optó por la importación con el argumento de que era más barato adquirir estos vienes en el exterior.