Guadalajara, Jal., 24 de octubre.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 39/2013 a la Secretaría de Salud de Jalisco por colocar un implante anticonceptivo subdérmico a una adolescente de entre 12 y 14 años que dio a luz en febrero pasado.

El área médica de la comisión dictaminó que la implantación del anticonceptivo implica riesgos como depresión, mareos, dolores de cabeza, insomnio, cansancio, inestabilidad afectiva, náuseas, manchas en el rostro y trombosis venosa, entre otros, información que debió proporcionarse a la adolescente y a su madre, añadió.

El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, señaló que una trabajadora del hospital y la madre de la afectada cometieron irregularidades en el proceso de autorización para que se colocara el dispositivo a la adolescente.

La recomendación también está dirigida al ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos y a la Fiscalía Central jalisciense. La CEDHJ documentó que servidores de esas tres instancias violaron los derechos de la menor a la legalidad, la seguridad jurídica y la protección de la salud.

El 7 de febrero de 2013, la CEDHJ inició una queja de oficio por el caso de una menor, presuntamente de nueve años de edad, quien dio a luz en el Hospital General de Occidente.

Primero su madre dijo que el padre de su nieto era un adolescente de 17 años de edad. Los peritajes concluyeron que la menor tenía entre 12 y 14 años, y que el padre del recién nacido era su padrastro, quien días más tarde confesó que abusó de la chica.

Después de que la menor dio a luz, personal del Hospital General de Occidente le implantó el anticonceptivo y la mandó a su domicilio sin que el Ministerio Público investigara el abuso sexual.

Los dos agentes del Ministerio Público, Bertha Patricia Murillo Mojarro y Guillermo García Caballero, pusieron en riesgo la seguridad de la menor por permitir que volviera al domicilio donde fue agredida.

La CEDHJ pidió a la fiscalía iniciar un procedimiento administrativo contra los agentes, reparar el daño y dar asesoría sicológica a la afectada –quien se encuentra en un albergue con su bebé– y a su familia.

Las autoridades tienen 10 días hábiles para responder.