La eliminación de los regímenes fiscales preferentes para empresas, con la que el gobierno busca combatir la evasión y elusión fiscales, no se traducirá en un incremento neto de recursos para el Estado, indicaron especialistas.

Propuesta como parte de la reforma hacendaria, la supresión de los tratamientos fiscales preferentes para empresas, como la consolidación fiscal, elevará los recursos del sector público en 107 mil millones de pesos en 2014. Esa cantidad equivale a 0.61 por ciento del producto interno bruto (PIB) previsto para 2014, si el Senado avala la modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) votada la semana pasada por los diputados, de acuerdo con el área de análisis de Banamex.

En la misma propuesta de reforma hacendaria, el gobierno planteó la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU), la cual fue votada a favor por los diputados. La supresión de este gravamen, como está previsto en la iniciativa, propiciará una caída en la recaudación de 114 mil 346 millones, equivalentes a 0.65 por ciento del PIB.

Los cambios al régimen de ISR para empresas fue presentado por el gobierno como neutro en términos de recaudación, dijeron Sergio Kurzcyn y Arturo Vieyra, analistas de Banamex. Lo que se recauda por la eliminación de los regímenes preferentes se deja de percibir por la abrogación del IETU.

Garantizar contribución justa

En la propuesta de reforma hacendaria del gobierno federal, presentada el 8 de septiembre pasado, se plantea eliminar o acotar los tratamientos especiales o regímenes preferenciales en la tributación del ISR de las empresas. La intención, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, es ampliar la base del impuesto y garantizar una contribución justa de todos los sectores de la economía. Los regímenes o tratamientos preferenciales que el gobierno propuso eliminar o acotar son: eliminar el régimen de consolidación; la deducción inmediata de inversión; el régimen simplificado; el de sociedades cooperativas; deducción de operaciones con partes relacionadas.

La propuesta del gobierno respecto de los regímenes preferenciales, que en esencia fue aprobada por la Cámara de Diputados, busca recuperar el potencial recaudatorio del ISR a partir de eliminar las disposiciones que prevén tratamientos preferenciales, los cuales, además de generar inequidad, hacen compleja la aplicación, cumplimiento y control del impuesto para el contribuyente y la autoridad fiscal.