l derecho de niños y jóvenes a la educación se invoca reiteradamente como argumento para descalificar las protestas de los maestros. Es obvio que se le menciona no porque se quiera fortalecer su cumplimiento, sino porque resulta políticamente útil contra el prolongado movimiento de protesta de padres de familia, estudiantes y profesores. Pero eso no descalifica la necesidad de una reflexión sobre este punto.

Los docentes argumentan, no sin razón, que se trata de una medida extrema, pues durante meses y por múltiples canales buscaron de forma infructuosa un diálogo real sobre los graves inconvenientes laborales y educativos que tenía el proyecto de un nuevo orden jurídico en la educación, diálogo que nunca se dio. La figura de la suspensión de labores escolares, por cierto, no es totalmente ajena al marco de la legalidad mexicana. Existe como recurso perfectamente legal que tienen todos los trabajadores de la educación de todos los niveles y modalidades aunque, como es obvio, en el estado de subordinación permanente del titular (SNTE) es inconcebible que se declare de manera formal. Pero ahí está, como un derecho que no fue tocado con la reforma y, por eso, forma parte del estado de derecho.

Así que en este momento, como en muchas otras situaciones, conviven dentro del marco legal dos derechos válidos y de ejercicio limitado (el de la educación y el del recurso a medidas como la suspensión de labores), ambos igualmente reconocidos y donde también están involucrados el interés superior de personas concretas. Lo ideal, como siempre, sería que existiera una autoridad con la sensibilidad para ocuparse activa y eficientemente de que esta colisión de derechos e intereses no se diera. Sin embargo, como no se ejerció esta principalísima y constitutiva función de Estado, el conflicto ha crecido, involucra a nuevos sectores sociales y sigue pendiente de resolución.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el ejercicio del derecho a la educación, aunque involucra y se materializa en personas y situaciones concretas, ocurre siempre en el marco de dinámicas sociales e históricas mucho más amplias. En los años 20 y 30 del siglo pasado, por ejemplo, y como respuesta a los cambios que trajo la revolución de 1910, hubo una masiva iniciativa de educación para todos, que abrió desde entonces para decenas de millones de niños y jóvenes el derecho a la educación. Es cierto que en determinados momentos y en búsqueda de una mayor democracia sindical y mejores salarios (ambas cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de la educación) hubo suspensiones de labores en las escuelas, pero en los hechos el derecho a la educación y a una instrucción de amplios horizontes (que aún subsiste en la fracción II del tercero constitucional) se fortaleció con los años y se fijó como un referente nacional. Ese dinamismo social tan importante, sin embargo, claramente se frenó a partir de los acuerdos que en los 80 los gobiernos comenzaron a establecer con las cúpulas del poder económico de dentro y fuera del país. Acuerdos que –bajo el concepto de calidad– tuvieron un impacto directo en el derecho a la educación.

Por ejemplo, los recursos para este rubro en el presupuesto federal disminuyeron a casi la mitad; la matrícula en educación básica, que había venido creciendo a un ritmo de alrededor de 20 por ciento cada cinco años, se detuvo y comenzó a bajar, con eso millones de niños quedaron sin escuela de manera definitiva, y finalmente, con iniciativas para mejorar la calidad –como la carrera magisterial, Enciclomedia, escuelas de calidad y Enlace– no hubo mejoría. Por otra parte, se modificó el tercero constitucional para abrir paso a la privatización; terminó la dinámica de creación de numerosos bachilleratos y universidades, y las principales instituciones redujeron su matrícula hasta en un 20 por ciento (algunas durante 30 años); se aumentaron las colegiaturas; el país se pobló de bachilleratos y universidades privadas de pésima calidad y se creó el Ceneval para regimentar el acceso a los niveles superiores. Durante décadas el excluyente y discriminatorio examen único de la SEP ha dejado sin escuela a decenas de miles de jóvenes cada año.

Después de tres décadas de este nuevo contexto de educación de la agenda empresarial, México es hoy un país con millones de analfabetas y millones de niños sin escuela; un rezago de 37 millones de adultos sin educación básica; cerca de 14 millones de jóvenes sin escuela y sin futuro, y con el nivel de los más bajos de América Latina en el cumplimiento del derecho a la educación superior.

Con todos los matices que quieran hacerse, es evidente que en estos últimos 30 años no han sido los maestros, sino la conducción de la educación a partir de la agenda empresarial lo que ha significado un desastre mayúsculo para el derecho a la educación de niños y jóvenes. En realidad, al defender sus derechos y rechazar el proyecto empresarial de educación, los profesores y otros sectores sociales están defendiendo el carácter público y abierto de la educación y rechazando que siga en manos de empresarios con su proyecto de desarrollo del capital humano de México (Ahora es cuando, Mexicanos Primero, pág. 5). Son muchos los padres de familia los que están de acuerdo con esto y ellos mismos cierran escuelas. Como dicen, para que mañana éstas puedan ser gratuitas, públicas, dignas y de todos los mexicanos.

*Profesor-investigador de la UAM-X. Autor de El derecho a la educación en México: del liberalismo decimonónico al neoliberalismo del siglo XXI, Revista Mexicana de Investigación Educativa, 2012, Núm. 53 (disponible en Internet)