Eliminar definitivamente la figura de arraigo y reformar el Código de Justicia Militar para que cualquier delito cometido por miembros de las fuerzas armadas contra civiles sea analizado por la justicia ordinaria, son dos de los principales puntos incluidos en las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano, en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU).

Luego de su sesión del pasado miércoles en Ginebra, Suiza, el organismo dio a conocer una lista con 176 sugerencias a las autoridades del país –no 188, como se había informado en un principio–, algunas de las cuales ya figuraban en la anterior evaluación en la materia a que fueron sometidas las instituciones mexicanas, hace cuatro años.

Entre los puntos más destacados que plantearon las 87 naciones participantes en el ejercicio de 2013 figura la abolición del arraigo tanto a nivel federal como local, por ser un elemento contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.

Dicho tema ya se encontraba entre las 91 recomendaciones hechas a México en el EPU de 2009, pero fue uno de los ocho que descartó el gobierno en ese entonces, con el argumento de que esa medida tiene la función de garantizar la disponibilidad de un acusado durante el proceso de investigación del delito.

Otro de los aspectos que ya se habían mencionado hace cuatro años y se reiteraron en la evaluación de 2013 fue el de reformar el Código de Justicia Militar, de tal forma que los jueces castrenses no puedan juzgar los delitos cometidos por uniformados contra civiles.

La respuesta del entonces presidente Felipe Calderón fue enviar al Congreso –en octubre de 2010– una propuesta para modificar el artículo 57 del mencionado código, pero únicamente dejando fuera del control de las cortes militares los delitos de tortura, violación y desaparición forzada.

La anterior acción fue muy criticada en su momento por las organizaciones independientes de derechos humanos, quienes advirtieron que al presentar una iniciativa acotada, se seguiría dejando en manos de la justicia castrense otros crímenes graves, como ejecuciones extrajudiciales, allanamientos de morada y detenciones arbitrarias.

Un punto más en que hace énfasis el EPU de este año es que México ratifique diversos tratados internacionales que ya firmó, pero todavía se niega a acatar plenamente, entre ellos el Estatuto de Roma, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las convenciones internacionales sobre Igualdad de Oportunidades y Derecho a la Libertad Sindical.

Entre las recomendaciones figuran también puntos como trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, de tal forma que puedan tener una vida libre de violencia, y garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos y periodistas, mediante el fortalecimiento del mecanismo creado para ese fin.

Además, se sugirió al Estado mexicano llevar a la práctica los señalamientos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, de la ONU, entre los que se encuentran investigar de manera efectiva dichos crímenes, aplicar programas dirigidos a combatir con más fuerza la pobreza y el hambre, ampliar la protección de los pueblos indígenas y redoblar esfuerzos contra el tráfico de personas y la violencia contra migrantes indocumentados.

Un tema más es asegurarse de que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del gobierno sean investigadas con imparcialidad y prontitud, para abatir los altos índices de impunidad; erradicar la violencia en las prisiones mediante una política basada en el respeto de las garantías individuales, y reconocer a las personas de ascendencia africana como un grupo étnico.

Los delegados de países como Uruguay, Francia y España coincidieron en pedir a México que armonice sus leyes internas con el marco legal internacional sobre desapariciones forzadas y cree un registro oficial de quienes han sido víctimas de ese delito.

Por otro lado, se solicitó que las autoridades pongan en marcha de manera efectiva la Ley General de Víctimas y que los estándares internacionales contra la tortura –incluido el Protocolo de Estambul– sean aplicados y reconocidos por todos los estados del país, que están obligados a castigar a los responsables de dichos actos.

También se les invitó a llevar a la práctica el Programa Nacional de Derechos Humanos, en diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil; unificar las definiciones de feminicidio y adoptar un marco legal para hacer realidad el derecho a la alimentación.

En el informe que rindieron el pasado miércoles, las autoridades mexicanas destacaron por su parte que el país ha logrado una serie de avances legales en materia de derechos humanos –como la reforma constitucional de junio de 2011 y la Ley General de Víctimas– y actualmente se trabaja para redefinir la competencia de la justicia militar.

Las recomendaciones serán examinadas por el gobierno nacional, que deberá brindar una respuesta completa antes de la 25 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a realizarse en marzo próximo.