En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se advierte que “las buenas intenciones o los nuevos esquemas legales no han logrado erradicar la tortura a manos de fuerzas policiacas y militares en México, no se ha combatido la desaparición de personas ni se han hecho búsquedas eficaces, no se han abatido los índices de feminicidios y mucho menos se ha logrado que periodistas y defensores de derechos humanos trabajen con seguridad”.

Sobre el particular, la secretaria de la comisión, Elena Tapia, consideró que el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU corrobora la denuncia que se ha multiplicado en los últimos años, pues no se ha derogado el arraigo ni se ha acotado el alcance del fuero militar, situaciones señaladas por el órgano internacional desde 2009:

Cuatro años después, varios países volvieron a recomendar cambios en ambas materias, y la respuesta sobre arraigo fue que se aprobó la propuesta de sólo reducirlo a 35 días, no se atendió la propuesta de derogarlo, y que el fuero militar se está restringiendo voluntariamente al enviar las averiguaciones a la PGR, señaló.

Recientemente, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el perredista Julio César Moreno, desechó una iniciativa de reforma al artículo 16 de la Constitución, con objeto de darle concordancia con las recomendaciones de organismos internacionales de protección de los derechos humanos, así como ante la notoria incompatibilidad de la figura con respecto a las normas que reconocen derechos humanos en la Carta Magna y los tratados internacionales.

Con el cambio de dicho artículo, dijo, se hubiera fortalecido la protección de las garantías fundamentales, al preverse la participación de actividades jurisdiccionales y organismos de preservación de derechos humanos para vigilar la correcta ejecución de las medidas cautelares que habría de contemplar la legislación secundaria.

No obstante, la propuesta promovida por los diputados Roberto López Suárez, Elena Tapia, José Luis Muñoz Soria, María de Lourdes Amaya, Ricardo Mejía, Ricardo Monreal y Francisco Coronato se desechó por la mayoría de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El pasado 2 de octubre, Loretta Ortiz, Elena Tapia y Ricardo Mejía presentaron un punto de acuerdo para que se exhortara al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de sus atribuciones para coordinar la asistencia de México a la segunda edición del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, integrara una delegación plural y de alto nivel, a fin de que en dicho ejercicio se establecieran compromisos de Estado y se presentaran información y planteamientos por parte de los tres poderes de la Unión, de las distintas áreas de la administración publica federal y de las entidades federativas. Tal solicitud no fue respondida por la autoridad, y el resultado fue la reprobación de la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón y del primer año del actual gobierno en materia de derechos humanos.

El argumento de los legisladores redundó en que por la importancia del sistema de Naciones Unidas en la evolución del régimen jurídico y político de nuestro país, el EPU constituye una oportunidad muy valiosa para obtener insumos sobre los más graves pendientes en cuanto a garantías fundamentales, y que la responsabilidad adquirida por el Estado atañe a todas sus partes integrantes.

La rendición de cuentas hacia la ciudadanía debe complementarse con un adecuado desempeño en la materia ante la mirada de la comunidad internacional.