La administración de Enrique Peña Nieto no ha podido trasladar a más de 10 mil personas acusadas de delitos federales que se encuentran presas en cárceles estatales, debido a los retrasos que presentan las obras de los centros federales de readaptación social (Ceferesos) que se construyen con recursos de la iniciativa privada, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Las fuentes consultadas refirieron que se han registrado casos como el del Cefereso número 5, en Villa Aldama, Veracruz, conocido como el penal de Papantla, donde al ser inaugurado y llevar a presos en marzo de 2012, las instalaciones no contaban con las condiciones necesarias para el internamiento. Los reclusos carecían de uniformes y cobertores, y las primeras semanas de operación la cárcel no cumplía con los requisitos de una prisión de máxima seguridad, y en ese contexto se registró la fuga de dos personas acusadas por delitos contra la salud.

Desde 2008, la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, encabezada por Genaro García Luna, ofreció a consorcios industriales la construcción de ocho prisiones de máxima seguridad, bajo un esquema en el cual la iniciativa privada aportaría los 4 mil millones de pesos que se necesitarían para cada instalación, a cambio de que el gobierno federal les pagaría ese capital en un plazo de 20 años, y los constructores tendrían bajo su control los servicios de limpieza, alimentación y mantenimiento, durante el mismo lapso, y el gobierno pagaría por ello.

Hasta octubre de 2012, los centros federales construidos por la iniciativa privada que ya estaban en funcionamiento eran los de Hermosillo, Sonora; Guadalupe Victoria, Durango; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Guasave, Sinaloa, y se trabajaba en la remodelación del complejo penitenciario Islas Marías.

Claro ejemplo

Un ejemplo del retraso en las obras, a decir de los funcionarios consultados, se observa en el Cefereso de Gómez Palacio, Durango, el cual supuestamente entraría en operación en mayo de 2013 y no ha sido terminado. Asimismo, no se han concluido las instalaciones en Apatzingán, Michoacán, ni en Chiapas.

La mayor parte de los Ceferesos que actualmente se encuentran en operación enfrentan sobrepoblación, que oscila entre 20 y 50 por ciento, tal es el caso del número 5, en Villa Aldama; el 9, en Ciudad Juárez; el 2, en Puente Grande, Jalisco; el 3 Noreste, en Matamoros, Tamaulipas; el 1 Altiplano, en el estado de México, y el número 7 en Huimanguillo, Tabasco.

Los entrevistados señalaron que la sobrepoblación en algunos centros que opera la Comisión Nacional de Seguridad y la existencia de espacios en otras instalaciones federales se debe a que las empresas no han concluido las obras, a pesar de que se reporta cien por ciento de avance; tal es el caso del complejo penitenciario Islas Marías, el Cefereso número 11 en Sonora, el 10 Nor-Noroeste en Monclova, Coahuila, y el número 12 en Guanajuato.