Las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), elaboradas para el gobierno mexicano, estipulan que es necesario mantener el acercamiento y vinculación entre las comunidades indígenas y la comisión respectiva del gobierno federal, con objeto de asegurar el respeto a los derechos humanos, la autodeterminación y la autonomía.

En respuesta, el comisionado de la presente administración para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, expuso que no existe pretexto ni justificación para eludir las recomendaciones de la ONU y tampoco para armonizar el texto constitucional con las disposiciones sobre pueblos originarios.

El funcionario anunció que el organismo prepara una propuesta de iniciativa de modificaciones constitucionales en la materia, que incorpore a la legislación el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Pacto por México, los acuerdos de San Andrés, el Plan Nacional de Desarrollo y el protocolo expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia indígena.

Nuestra comisión está trabajando para tener una propuesta de borrador de iniciativa de modificaciones constitucionales en esta materia, y una en el ámbito indígena que incorpore lo que está expresado en estos documentos. Se busca cumplir tanto con los reclamos de los pueblos y comunidades originarios de nuestro país como lo contenido en las recomendaciones que la asamblea de trabajo de la ONU ha elaborada para México.

Ejes de trabajo

Martínez Veloz refirió que el gobierno federal ha construido ejes de trabajo para dar respuesta puntual a las conclusiones de la ONU. El Estado y sus instituciones, junto a la sociedad, están convencidos de una nueva relación con los pueblos indígenas, y no existe pretexto ni justificación que valga para eludir la necesaria armonización del texto constitucional.

Naciones Unidas recomienda a México, entre otras acciones, continuar trabajando con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, y asegurar el respeto de sus derechos, autodeterminación y autonomía.

También se exhorta a los mexicanos a que aseguren la completa y efectiva consulta a los indígenas sobre la economía, el desarrollo de políticas públicas y aquellos proyectos que les afectan.

En ese sentido, se insta a continuar promoviendo el desarrollo regional en las comunidades originarias, fortalecer su economía y mejorar sus condiciones de vida. En el terreno de los derechos, a que el Estado fomente una mayor participación de los pueblos indígenas a través de la elaboración de una ley que regule sus derechos tras la consulta previa.