La reforma constitucional en materia energética, presentada por el Ejecutivo Federal, es ‘‘preocupante’’ porque propone privar a la industria petrolera nacional de su carácter estratégico para el país, con las consecuencias que ello conlleva, incluidas las derivadas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), subrayaron los integrantes del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Agregaron que el planteamiento de Enrique Peña Nieto en esta materia pretende eliminar la exclusividad del Estado en la industria sin precisar en forma explícita e inequívoca el resto del entorno jurídico, y llamaron al Congreso de la Unión a no precipitar sus decisiones hasta que se conozca el alcance de las iniciativas y se dé un debate ‘‘serio y articulado’’.

Los especialistas que suscriben el documento consideraron que los alcances y modalidades de la iniciativa presidencial carecen de una argumentación que corresponda a la magnitud de los cambios propuestos. ‘‘El debate ha comenzado en una situación de información insuficiente sobre las implicaciones de las reformas constitucionales, en especial en lo que se refiere a la transformación del régimen de propiedad y distribución de la renta petrolera, de las figuras de contratación y de otros aspectos clave que se encuentran a debate’’.

El grupo es conformado por personalidades como el profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM Rolando Cordera, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, los ex titulares de Hacienda, David Ibarra; de Programación y Presupuesto, Carlos Tello, y de la Contraloría, Norma Samaniego; los ex embajadores Jorge Eduardo Navarrete y Eugenio Anguiano, así como los investigadores Leonardo Lomelí, Gerardo Esquivel y Jaime Ros.

‘‘Como se ha hecho en otros temas, en este caso conviene que las modificaciones constitucionales se decidan con conocimiento suficiente de las modalidades concretas que adoptará la política petrolera, y en general la energética, en todas las etapas de su ciclo, así como sus interrelaciones con el sistema eléctrico y con todas las fuentes de energía. Es decir, con una clara definición de las rutas y alcances de la legislación secundaria que derivaría de las enmiendas a la Constitución.’’

Otro de los puntos fundamentales, es que se debe conocer ‘‘en detalle’’ el contenido, limitaciones y características de los contratos o concesiones a los que se abriría la puerta, ya que en ‘‘la discrecionalidad y opacidad reside el origen de la corrupción’’. Apuntaron que las precisiones que se deben hacer son: cuál sería la secuencia y mecanismos para cubrir el retiro paulatino de Pemex del esquema fiscal actual; cómo se garantizaría la canalización efectiva de los beneficios del petróleo al desarrollo del país, y qué salvaguardas se adoptarían para evitar la dilapidación de los beneficios.

‘‘La expectativa de más crecimiento y empleo con los cambios propuestos, en este caso al sector energético, pasa por alto la dinamización económica mediante opciones de fortalecimiento productivo. Al conocer otras experiencias es posible que se sobrestime el potencial de atracción de inversiones y de generación de empleo. En todo caso, para los fines fiscales es riesgoso aventurar una reforma en condiciones de tan elevada incertidumbre y de cálculos insuficientes sobre sus posibles beneficios, en especial si no se contrasta con otras. Y el respaldo a las iniciativas de enmienda constitucional requiere soportes rigurosos y transparentes.’’

Señalaron que las propuestas de reforma en el sector y la iniciativa de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos deben ser debatidas con otros ritmos y modalidades. Por ello solicitaron que el Congreso de la Unión no precipite sus decisiones. ‘‘Es imprescindible subsanar omisiones en asuntos medulares y disponer de propuestas completas que no estén sujetas a interpretación interesada, a fin de conocer el contenido, alcance, divergencias y posibles coincidencias entre las distintas iniciativas y tener un debate serio y articulado. Si bien los foros realizados en el Congreso son bienvenidos, la deliberación pública debe ser mejor y más amplia con un calendario acotado, pero más flexible’’.

Añadieron que es necesaria una reforma a la política energética en el contexto de una estrategia nacional que garantice una oferta suficiente y diversificada de fuentes sustentables y seguras de abastecimiento que, además, tengan un uso eficiente desde la producción hasta el consumo, maximizando el impacto que el aprovechamiento del petróleo, gas y otras fuentes tiene sobre el desarrollo y bienestar del país.