Martes 29 de octubre de 2013, p. 30
Cuernavaca, Mor., 28 de octubre.
La empresa Tradeco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estarían desacatando la orden judicial federal de parar la ampliación de la autopista Tepoztlán-La Pera, no el gobierno del estado, dijo el gobernador Graco Ramírez al ser interrogado sobre el dictamen que el juez primero de distrito de Morelos emitió la semana pasada.
En su conferencia de prensa de los lunes, el mandatario perredista defendió la obra y aseguró que no procede la suspensión
porque no se está causando daño ambiental. Insistió en que la empresa, no el gobierno estatal, debe acatar la resolución. Su administración no está en desacato; son una empresa y la SCT
.
Ramírez afirmó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no reporta daño ecológico en su dictamen sobre los trabajos.
Integrantes del Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) aseguraron que la obra daña su entorno, sobre todo el parque nacional El Tepozteco, y por consiguiente viola varios artículos de la Constitución, argumentos que el juez primero de distrito en Morelos tomó en cuenta para dictar la suspensión provisional el 18 de octubre.
El derecho de vía de Tepoztlán existe desde hace muchos años (a partir de 1964). La Semarnat dictaminó que no hay daño al área natural protegida de Chichinautzin; todo está considerado, y no procede la suspensión de la obra
, afirmó el perredista. Recordó que el FUDT argumenta que la ampliación de la autopista de peaje dañaría vestigios arqueológicos, pero aseguró que en la región no los hay.
Ramírez también defendió el proyecto energético Morelos, que consta de dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto en la zona oriente de la entidad. Dijo que en la comunidad Huexca, municipio de Yecapixtla, donde las termoeléctricas se erigen pese a la oposición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Tlaxcala y Puebla, se hizo una consulta en la cual 225 personas aceptaron las obras y 190 se opusieron.
Por otra parte, en contradicción con su promesa de campaña de acabar con la inseguridad en 18 meses, el gobernador dijo que su ofrecimiento fue elaborar en ese plazo su estrategia de seguridad.