La decisión del gobierno mexicano de posponer hasta marzo de 2014 su respuesta a las 176 recomendaciones que le hicieron 87 países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas es una muestra de la escasa voluntad política para atender la grave situación de garantías básicas que vive el país, sostuvo Amnistía Internacional (AI).

Al fijar su postura sobre el informe que rindió el gobierno de Enrique Peña Nieto en el examen periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, el organismo internacional agregó que si bien la respuesta del gobierno de México será dentro del plazo reglamentario, muchas de las recomendaciones recibidas la semana pasada en Ginebra, Suiza, son iguales o semejantes a las de 2009.

Las recomendaciones a México son un llamado de atención ante la falta de avances reales en materia de derechos humanos, por lo que, para cumplir con estas recomendaciones necesitará más que palabras o simulaciones, es decir, acciones efectivas, afirmó.

Señaló que la repetición de recomendaciones en temas como la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la reforma del fuero militar, la eliminación del arraigo, la lucha contra la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la violencia contra las mujeres y el combate a la pobreza muestran claramente que las medidas presentadas por México en su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos son claramente insuficientes para transformar la realidad que afronta el país.

En su reciente informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, México sobredimensionó sus avances en materia de derechos humanos, argumentando avances que desafiaban la realidad, mientras que las graves violaciones de derechos humanos han continuado y la casi total impunidad sobre estas violaciones ha permanecido, indicó AI.

En materia de seguridad pública y desapariciones forzadas, AI planteó que el gobierno de México sitúe la protección de los derechos humanos en el núcleo de las medidas relativas a la seguridad pública, que investigue todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, garantice que los responsables comparezcan ante la justicia, que las víctimas reciban la reparación del daño respectiva, y que en coordinación con agrupaciones de víctimas se conforme una base de datos nacional de personas desaparecidas.

Demandó abolir las órdenes de arraigo, tanto en el ámbito federal como en el estatal y que todas las detenciones quedan registradas con detalle en una base de datos nacional a la que puedan acceder las partes afectadas, además de reformar los delitos de desaparición forzada y tortura en las legislaciones federal y en los estados, así como garantizar que el estado de Guerrero tipifique de inmediato el delito autónomo de tortura.