San Luis Potosí, SLP, 29 de octubre.

Unos 4 mil 500 afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (Sutsge) pararon labores este martes en el Congreso local, la Auditoría Superior, el Supremo Tribunal de Justicia, la Procuraduría General de Justicia y otras oficinas de la administración estatal para exigir aumento salarial de 16 por ciento, entre otras exigencias.

Bernardina Lara Argüelles, secretaria general del organismo gremial, informó que los empleados se presentaron a las 8 horas en sus respectivos centros de trabajo, pero se reunieron en las entradas de los inmuebles, donde permanecieron hasta el final de su turno, a las 15 horas.

Demandaron la derogación del decreto aprobado en diciembre de 2012, que impide al Sutsge negociar incrementos salariales; el pago de más de 200 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas adeuda a la Dirección de Pensiones y que el gobierno estatal termine con su doble discurso de austeridad y contrataciones a discreción.

El secretario del Trabajo y Previsión Social en la entidad, Miguel Cardoza Mora, respondió que el gobierno ha cumplido con el incremento salarial asignado en el presupuesto de egresos, por lo cual no hay motivo para hacer esta manifestación.

Anunció que se descontará el día a los burócratas que participaron en el paro y quien falte tres días será despedido. Señaló que los directores administrativos y el área jurídica de cada dependencia levantarán actas.

Lara Argüelles aseguró que el aumento del gasto en servicios personales en 2013, de 5 mil 400 a 6 mil 238 millones de pesos, se debe a que se están contratando más trabajadores de confianza, por honorarios y funcionarios.

El secretario de Finanzas (Jesús Conde Mejía) contrató 10 personas con sueldos mayores, mientras nuestro sindicato se ha limitado a proponer la contratación de seis trabajadores en el área de intendencia, apuntó.

En un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado advirtió que el gobierno estatal no accederá a las exigencias de incremento salarial, porque la ley no lo obliga ni dispone de los recursos para ello.

Los empleados, dijo, tienen entre sus beneficios 32 bonos anuales, ingresos óptimos y, en algunos casos, únicos en comparación con otros gobiernos estatales y el sector privado. Por años el gobierno estatal se ha visto obligado a sacrificar obra pública, infraestructura productiva y necesidades sociales para satisfacer demandas salariales, prestaciones y bonos, pero esta situación llegó a un punto de quiebre, concluyó.