Durante los primeros meses de la administración de Enrique Peña Nieto los secuestros han aumentado, pues este delito se ha triplicado respecto del mismo periodo de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, señalaron diferentes organizaciones sociales.

Durante la mesa de discusión Secuestro en México, que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), representantes del Observatorio Nacional Ciudadano recordaron que datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad muestran que México atraviesa por el periodo más alto en la comisión de este delito, pues de 1997 a la fecha se ha incrementado 46 por ciento.

Se recordó además que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó recientemente que durante 2012 se perpetraron en el país más de 105 mil 600 secuestros (cantidad 79 veces superior a las denuncias realizadas por este delito en el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales sumaron mil 317 el año pasado).

Sin embargo, el titular de la División de Investigación de la Policía Federal, Damián Canales Mena, aseveró en este contexto que del primero de diciembre de 2012 al 17 de octubre de este año la cifra ha decrecido 3.48 por ciento, pues en este lapso se tienen reportados mil 940 privaciones ilegales de la libertad.

Sus afirmaciones causaron la molestia de decenas de asistentes al foro (académicos y miembros de organizaciones civiles), que criticaron y cuestionaron al funcionario federal, quien reconoció que existe una cifra negra, debido a que en muchos casos no se denuncian estos delitos.

Informó que el problema se presenta principalmente en estado de México, Morelos, Tamaulipas, Distrito Federal, Veracruz, Michoacán y Guerrero.

Durante la mesa de discusión, los ponentes coincidieron en señalar la necesidad de profesionalizar al personal de las unidades antisecuestro en todos los estados de la República y dotarlas del equipo material y humano indispensable para enfrentar el delito.

Para Patricia Bugarín, subprocuradora de Províctima, más que mayor presencia policiaca, armas y penas más altas, se necesita inteligencia, análisis y la explotación de lo que ya se tiene para combatir este ilícito.