Entre diciembre y septiembre pasados, la administración federal incrementó considerablemente –respecto del último año de la pasada administración presidencial– el número de líneas telefónicas espiadas legalmente para investigar y combatir a las organizaciones criminales, al pasar de mil 638 en 2012 a 2 mil 175 en los primeros 10 meses del actual gobierno.

De acuerdo con datos estadísticos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) intervino líneas telefónicas de personas físicas y morales, previa autorización de los jueces especializados en medidas cautelares.

El artículo 16 de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional establecen que ese tipo de escuchas legales deben ser autorizadas por jueces federales, y que únicamente se conceden en casos de personas investigadas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada o por cualquier ilícito que ponga en riesgo la seguridad nacional.

En las escuchas telefónicas intervienen autoridades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Procuraduría General de la República (PGR), del Ejército y Armada de México, así como de la Policía Federal (PF).

Los nombres de las personas físicas y/o morales que han sido espiadas con autorización judicial permanecen en sigilo debido a que enfrentan investigaciones por delitos graves.

A decir de fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) consultadas por este diario, el gobierno de Enrique Peña Nieto está continuando la tendencia a aumentar las escuchas telefónicas permitidas, tal como lo hizo cada año la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Según las estadísticas consultadas, los juzgadores tienen promedios muy altos en la concesión de esta medida cautelar, pues entre diciembre y septiembre pasados concedieron 92 por ciento de las solicitudes.

Durante la administración calderonista ocurrió algo similar: de 3 mil 581 números telefónicos que se pidió intervenir en todo el sexenio, se autorizaron 3 mil 101 casos y se negaron 480 intervenciones. Las estadísticas refieren que a partir de 2010, las líneas telefónicas intervenidas fueron 528; al año siguiente, 837 y en 2012 se vigilaron mil 638.