Después de tres años y nueve meses de permanecer arraigado ilegalmente por su presunta participación en la masacre de Villas de Salvárcar –pese a que esa figura jurídica no permite más de tres meses de detención–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este miércoles el expediente de Israel Arzate Meléndez, acusado de participar en el crimen, perpetrado el 30 de enero de 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Guadalupe Meléndez, mamá del acusado, dijo que la defensa está a cargo de Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y que la primera sala de la SCJN, cuyos titulares son los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío Díaz, atrajo los dos amparos solicitados por Arzate Meléndez para obtener su libertad.

En el expediente, dijo la mujer, existe evidencia de que su hijo fue torturado por militares para que declarara haber participado en la matanza, como comprobaron peritos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que aplicaron el Protocolo de Estambul.

Arzate Meléndez fue capturado por militares el 3 de febrero de 2010. El 6 de febrero de 2011 la juez de garantía Leticia Prieto Ruiz ordenó arraigarlo en las instalaciones de la academia de policía. Un amparo contra el arraigo –otorgado por el juez de distrito Carlos Carmona Gracia el 12 de abril de 2012– fue impugnado por la Fiscalía General del Estado. Finalmente se ratificó el 13 de septiembre y una juez estatal ordenó que lo trasladaran a su casa y lo mantuvieran vigilado.

Aunque Arzate denunció haber sido torturado, ni el juez de distrito ni la de garantías atendieron las quejas. Por ello, además de analizar la validez del proceso contra el joven chihuahuense, la SCJN determinará cómo deben actuar los magistrados en estos casos.

Aplazan decisión sobre feminicidios en BC

El pleno de la SCJN aplazó para el jueves su decisión sobre la constitucionalidad del artículo 129 del Código Penal de Baja California, que tipifica el feminicidio.

Los legisladores omitieron la palabra prisión; así, la ley aprobada sólo dice que se impondría a los responsables una pena de 20 a 50 años y multa hasta de 500 días de salario mínimo.

El Congreso local emitió una fe de erratas en octubre de 2012, pero la Procuraduría General de la República presentó una acción de inconstitucionalidad.