Dos jueces federales admitieron a trámite peticiones de amparo que promovió Grupo Iusacell con el propósito de impugnar la decisión del gobierno federal de prorrogar durante 15 años los títulos de concesión de Grupo MVS sobre una parte de la banda de frecuencias de 2.5 Gigahertz (GHz). Las demandas de amparo alegan violaciones a seis artículos de la Carta Magna, entre ellos al 134, que garantiza al Estado mexicano la obtención de recursos mediante licitaciones en las mejores condiciones posibles. También se mencionan supuestas violaciones al artículo 6 de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar el acceso de la población a los servicios de banda ancha e Internet. Estas demandas se desahogarán en los juzgados del primer circuito especializados en telecomunicaciones.