Ciudad Juárez, Chih., 7 de noviembre.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge González Nicolás, anunció que solicitará una nueva orden de aprehensión contra Israel Arzate Meléndez, liberado el miércoles por un amparo que le concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de pasar tres años y nueve meses detenido por su presunta participación en la masacre de Villas de Salvárcar, perpetrada el 30 de enero de 2010.

El fiscal afirmó que él y la dependencia a su cargo respetarán la orden de la SCJN de liberar a Israel Arzate. Aclaró que la resolución de los ministros fue por una denuncia de supuesta tortura.

La orden de liberación fue resultado de una revisión de forma, no de fondo. La Corte consideró que no se debió iniciar el proceso por la tortura al imputado, pero no porque no hubiera participado en la agresión, que dejó 16 personas muertas.

También informó que habrá vigilancia especial para familiares de las víctimas de la matanza, quienes solicitaron seguridad por temor a represalias luego de la liberación de Israel Arzate.

El acusado descarta demandar

Arzate Meléndez ofreció ayer una conferencia de prensa en la ciudad de México. Aseguró que la SCJN hizo el trabajo que las autoridades en Chihuahua no quisieron hacer. Acompañado por su madre, Guadalupe Meléndez, y su abogado, Santiago González, el ex arraigado dijo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) que no espera nada del gobierno y descartó presentar una demanda.

Desde un principio dije que era inocente. Firmé la confesión bajo la amenaza de que violarían a mi esposa y a mi hijo, señaló. Añadió que su liberación es un paso para hacer justicia a las víctimas de Villas de Salvárcar, pues con chivos expiatorios no se puede impartir tal.

Añadió: Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, perdí cuatro años de mi libertad. Pero no guardo rencor ni pido restitución del daño, porque al salir libre ya tengo lo más valioso, dijo el joven de 28 años, quien comentó que no teme por su vida al quedar libre ni tiene planes por ahora.

En tanto, seis padres de familia de la colonia Villas de Salvárcar se reunieron este jueves con el fiscal especial para la persecución del delito en la zona norte de Chihuahua, Enrique Villarreal Macías, ante quien señalaron la incapacidad mostrada por las autoridades estatales en las indagatorias sobre la masacre, y expresaron su enojo por la liberación de Arzate Meléndez.

Adrián Cadena, uno de los padres, dijo que visitaron al funcionario más gris e incompetente, quien mostró pleno desconocimiento de la masacre y de la excarcelación de Arzate Meléndez; por eso queremos hablar con el fiscal general del estado. Sobre Israel Arzate, advirtió: Ese cabrón no se me va a ir vivo.

Los familiares de las víctimas “tienen coraje hacia las autoridades estatales y federales, porque en varias ocasiones les aseguraron que tendrían justicia para sus hijos y no hicieron lo que les correspondía.

No es posible que una bola de greñudos haya tenido más poder que todo el aparato de justicia del estado; no es posible que tres o cuatro abogados pudieran más que todo un pueblo que pide castigo para los responsables; además, algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos se han convertido en promotoras de la impunidad y defienden a criminales. A ellos les reitero que se metieron para defender a un criminal. Israel Arzate no es inocente y ahora se burla de las autoridades.

María Guadalupe Dávila, madre de dos de los jóvenes asesinados, dijo estar decepcionada de la justicia en Chihuahua y México. manifestó que para ella es claro que Arzate participó en la masacre.

Mientras, el Centro Pro, la Red Mesa de Mujeres y el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes celebraron la decisión de la SCJN de liberar a Arzate, quien permaneció más de tres años injustamente privado de su libertad.

El Centro Pro destacó: “Es muy grave que la Fiscalía de Chihuahua, a pesar de la decisión que tomó el máximo tribunal de justicia del país, siga sosteniendo que tiene pruebas contra Israel. Quedó establecida la ilicitud de la única prueba que existe contra él, que es la declaración obtenida bajo tortura. En efecto, las ‘pruebas’ con que cuenta el gobierno de Chihuahua demostraban la existencia de los homicidios, pero nunca la participación del acusado”.

Añadió que la decisión de la Corte confirma lo que ya habían señalado diversas instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.

Human Rights Watch también celebró la decisión de la SCJN, que, de acuerdo con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de ese organismo, es un reconocimiento, largamente demorado por el gobierno, de que la confesión de Israel Arzate fue obtenida violando sus derechos, y que nunca debería haber sido permitida como prueba.

(Con información de Fernando Camacho)