sta noticia ha circulado en nuestro país y por todo el mundo. La alegría ha llenado el corazón de miles.

Desde la cuna de esta planta sagrada, las mujeres y los hombres del maíz rechazamos la introducción de transgénicos en nuestro mayor patrimonio biocultural y con ello le asestamos un golpe certero a las empresas semilleras trasnacionales comandadas por Monsanto.

En México, desde hace más de una década, se libra una disputa por el maíz: por una parte las poblaciones campesinas e indígenas que resumen en esta planta su origen, vida y sobrevivencia, reivindican su derecho legítimo a reproducirla libremente; a su lado, ciudadanos variopintos saben los riesgos de transgenizar su alimento básico, así como del compromiso de conservarlo para generaciones futuras. Frente a ellos se encuentra la avidez de la industria biotecnológica, que intenta transformar a nuestra planta en una mercancía estratégica que les garantice ganancias en los mercados agroindustriales globales.

Sin embargo, los transgénicos han corrompido para avanzar. El gobierno de Calderón otorgó de manera ilegal permisos para siembra de maíz transgénico en fase experimental y piloto, sobre los cuales se han ocultado los resultados. Actualmente existen 79 nuevas solicitudes en trámite. La buena noticia es que todas han sido congeladas por la autoridad judicial. El actual gobierno tiene la disyuntiva entre defender la riqueza de los maíces nativos o amarchantarse como burócrata de Monsanto.

La trascendencia de la noticia requiere explicar sus alcances y el camino a seguir.

1. Las acciones colectivas son un nuevo instrumento con el que los mexicanos contamos a partir de la reforma al artículo 17 constitucional de 2010, gracias a la cual podemos interponer demandas sobre derechos colectivos. Actualmente la ley secundaria abre la puerta para demandar en representación de colectividades determinadas o indeterminadas.

2. Esta demanda de acción colectiva fue presentada el pasado 5 de julio por un grupo de 53 personas, entre las cuales se encuentran expertos en el tema, personalidades y 20 organizaciones de productores, indígenas, apicultores, de derechos humanos, ambientalistas y consumidores.

3. La demanda solicita que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) son ineficientes, pues existe evidencia científica de contaminación transgénica de maíces nativos en los estados de Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato.

La ineficiencia de los límites y restricciones establecidos en la LBOGM ha propiciado que se vulneren los siguientes derechos humanos: a un medio ambiente sano, a la conservación, participación justa y equitativa, así como a la utilización sostenible que garantice su acceso a generaciones futuras, de la diversidad biológica de los maíces nativos; a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad; a derechos culturales y a la salud.

4. Con la demanda se solicitó aplicar medida precautoria, la cual se concedió por el juez federal décimo segundo de distrito en materia civil en el DF. Ordenó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado (GM), prescindir de procedimientos para la liberación al ambiente de maíz GM y suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial del mismo.

La medida precautoria impide liberar maíces transgénicos en el campo mexicano, en tanto se resuelve el juicio de acción colectiva.

5. El personal de las trasnacionales se niega a recibir las notificaciones, lo que obliga a realizar una investigación judicial del domicilio. Esta actitud no afecta la suspensión de los permisos, puesto que los obligados a abstenerce de otorgar permisos son Sagarpa y Semarnat. Lo que obtienen las empresas es una posicion muy cómoda, mientras el gobierno litiga por ellas.

6. El lunes 28 de octubre se notificó a la colectividad que el gobierno federal apeló de la medida precautoria a través de la Sagarpa y de la Semarnat. Estas apelaciones carecen de sustento jurídico, puesto que las dependencias presentan argumentos legaloides que se dirigen a un mandato precautorio distinto al ordenado por el juzgado.

Las autoridades federales parece que rehúyen debatir el fondo del asunto, en condiciones de igualdad y bajo un procedimiento jurídico, cuando en la prensa ambos secretarios han mencionado la importancia de un debate científico.

7. La experiencia nos demuestra que las acciones jurídicas requieren una fuerte presión social para lograr su cometido. Por ello, convocamos a que todos se sumen a una gran fiesta por nuestros maíces nativos en el Zócalo de la ciudad de México para el próximo 30 de noviembre a las 12 del día, ahí mostraremos las ricas propuestas y alternativas que tenemos para proveer de alimentos sanos a todos los mexicanos, celebraremos, informaremos.

8. El milenario maíz habrá de abrirse paso. Las leyes actuales apenas alcanzan a reconocerle su trascendencia muy anterior, y seguramente posterior, a la promulgación de las propias leyes.

Hoy es el momento de hacer milpa uniéndonos y conjuntando nuestras diversidades para apoyar la defensa de nuestra planta sagrada, del campo, los campesinos y de todos los comedores cotidianos de maíz.

* Directora de la Fundación Semillas de Vida, AC