El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, reconoció en el Senado que existe corrupción generalizada ‘‘en delegaciones, en personal de oficina, en agentes migratorios, incluso entre empleados que pasaron los nuevos controles de confianza’’. El problema ha llegado a tal grado que incluso ha tenido ‘‘la tentación de demolerlo, de meterle dinamita’’.

Durante una reunión con senadores y organizaciones sociales del país y de Centroamérica, en el contexto de la Semana del Migrante, Vargas Fosado recalcó que, en los hechos, técnicamente está ‘‘demoliendo’’ al INM, a la par que se construye un nuevo instituto con personal diferente, y para ello destituyó ya a mil funcionarios de todos los niveles, algunos vinculados con el crimen organizado.

‘‘Acabamos de destituir a dos delegados nuevos que habían pasado todos los controles’’, dijo. Uno de ellos fue Alberto Rojo Zavaleta, delegado en San Luis Potosí, quien cometió abuso sexual contra dos hondureñas de 13 y 16 años dentro de la estación migratoria.

El comisionado Vargas precisó que desde ayer ese funcionario fue destituido y puesto a disposición del Ministerio Público, toda vez que de la investigación que se hizo resultó que no era la primera vez que abusaba de mujeres migrantes en colaboración con el director de la estación migratoria de San Luis Potosí, que también fue cesado.

Durante más de tres horas, el comisionado respondió a fuertes cuestionamientos que le formularon religiosos que protegen a migrantes, entre ellos Tomás González, director del albergue La 72, así como centroamericanos que buscan a sus familiares desaparecidos.

En ese acto, organizado por la senadora de Movimiento Ciudadano Layda Sansores, el titular del Instituto Nacional de Migración reconoció que se debe transformar el organismo, modificar el marco legal en la materia y avanzar hacia la creación de una visa humanitaria.

El propio funcionario detalló el ‘‘calvario’’ que enfrentan los migrantes al pisar territorio nacional: la primera agresión que enfrentan es la corrupción de las autoridades locales, federales y del INM; después son atacados por el crimen organizado, delincuencia común, bandas internacionales que se han ubicado en la frontera sur, policías federales, estatales y municipales.

Los migrantes, dijo, ‘‘son asaltados, violados, mutilados y asesinados’’. Agregó que ‘‘la corrupción es un cáncer que ha corroído las estructuras de las instituciones y es uno de los grandes males de éstas’’.

El comisionado recibió severos señalamientos por la corrupción generalizada que persiste en el instituto, producto de la colusión entre funcionarios de migración y el crimen organizado para entregar a los migrantes a bandas de trata de personas para que exploten sexualmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y para que los secuestren y extorsionen.

El comisionado respondió: ‘‘No se puede cambiar de inmediato un estado de cosas que se produjo y acumuló durante décadas’’, y pidió a las organizaciones civiles ahí presentes su colaboración para transformar el instituto, ‘‘el cual no está a la altura de las circunstancias’’.

La religiosa Leticia Gutiérrez, directora de Scalabrinianos para Migrantes, una orden católica que trabaja en el sur del país, denunció: ‘‘Los funcionarios del INM están metidos en redes de tráfico de personas y de trata en todo el país; ¿para qué empeñarse en tener un instituto corrompido, con tanta podredumbre hasta las entrañas?, ¿por qué seguir alimentando un cáncer?’’

Vargas Fosado concluyó: ‘‘He tenido la tentación de demoler, de meterle dinamita al Instituto Nacional de Migración. Quiero decirles que técnicamente eso es lo que estamos haciendo’’.

Tomás González, director del albergue La 72, le dijo que junto con el sacerdote Alejandro Solalinde pidieron al presidente Enrique Peña Nieto su remoción como comisionado del INM. ‘‘Desde noviembre denunciamos que el crimen organizado está cobrando 100 dólares por subirse al tren y lo mismo cobran los del instituto a su cargo’’.

Y subrayó: ‘‘El órgano que usted administra tiene una política migratoria de seguridad nacional policial y militar. Es una de las instituciones que colaboran para que hoy México esté sepultando migrantes’’.

El migrante nicaragüense Alejandro Ordóñez le pidió a Vargas Fosado y a los senadores ayuda para regresar a su país a atender una urgencia. Explicó: ‘‘Yo soy migrante, iba en La Bestia, fui secuestrado por una banda de centroamericanos. Tengo una visa humanitaria, pero ayer murió mi madre y quiero regresar a mi país a darle sepultura’’.