La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 44/2013, dirigida al gobernador de Chihuahua, César Duarte, por la indebida procuración de justicia en agravio de la activista Marisela Escobedo Ortiz y otras tres personas víctimas y ofendidas del delito.

El 16 de mayo de 2010, la defensora de derechos humanos presentó una queja ante la CNDH, en la cual señaló que desde abril de ese año realizaba diversas acciones de protesta civil pacífica, con la finalidad de que los jueces encargados de instruir el juicio oral por el asesinato de su hija Rubí Marisol, condenaran a la pena máxima de ley al responsable.

Pese a ello, el 3 de mayo de ese año las autoridades jurisdiccionales dictaron sentencia absolutoria, ordenando que se pusiera en libertad al presunto homicida, Sergio Rafael Barraza.

En segunda instancia, se revocó ese fallo y se ordenó la reaprehensión de Barraza. La señora Escobedo Ortiz se dio a la tarea de dar con su paradero y el 13 de julio de ese año tuvo conocimiento de que éste se encontraba en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Lo denunció ante la dirección de seguridad pública del municipio, sin que se lograra su detención.

El 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo fue asesinada cuando realizaba una protesta pacífica frente al palacio de gobierno en la ciudad de Chihuahua.

Luego de agotar la investigación del caso, la CNDH dijo que encontró evidencias de violaciones a los derechos humanos, la legalidad, la seguridad jurídica, el trato digno, la debida procuración de justicia y al derecho a la verdad contra la defensora de derechos humanos, y tres víctimas y ofendidos del delito.

En la recomendación 44/2013, la CNDH pide al gobernador de Chihuahua que se instruya al fiscal general del estado, con el propósito de que a la brevedad, se apliquen las acciones necesarias para otorgar a los familiares de Marisela Escobedo Ortiz asistencia médica, sicológica, social y material, hasta que cesen los padecimientos síquicos y médicos generados por la pérdida de su pariente.

Además, pide que se ofrezca una disculpa institucional a los familiares de la activista, que implique el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los funcionarios de la Fiscalía General de la entidad.

Asimismo, insta al fiscal general del estado a que se realicen las acciones necesarias para la debida integración y determinación de las carpetas de investigación iniciadas por los delitos de amenazas y homicidio en agravio de Marisela Escobedo.