primera vista, la estructura de la reforma en la educación que han promovido, diseñado e impuesto las cúpulas empresariales es impecable. Primero, busca neutralizar al obstáculo principal que para la conducción empresarial en la educación representan los maestros organizados de la educación pública. Para eliminar su fuerza política y liderazgo, los excluye del marco de derechos laborales del 123 constitucional para reducirlos a meros empleados sometidos (como bien explica Manuel Pérez Rocha) con derechos inferiores a los de cualquier otro sector de trabajadores del país (ver Ley General sobre Servicio Profesional Docente). Segundo, introduce como ejes fundamentales dos conceptos que le son sumamente útiles: calidad y evaluación.

Calidad, por ser un término muy ambiguo (el paquete de la reforma maneja hasta cuatro definiciones distintas), permite a quien conduce la educación determinar discrecionalmente cuáles deben ser los objetivos de la educación y luego presentarlos como parte de la búsqueda de la calidad.

Evaluación, por su parte, justifica la creación de todo un enorme aparato de vigilancia (el Sistema Nacional de Evaluación, encabezado por el INEE), que legitima el establecimiento de un control directo y preciso sobre cada estudiante, maestro y escuela, mediante exámenes estandarizados, verificación de que el maestro cumple con los estándares de comportamiento en el aula, censo escolar, etcétera.

Como en cualquier macroempresa tradicional dedicada a ofrecer un servicio (y la SEP tiene un millón y medio de empleados), es crucial establecer un control total sobre los objetivos, los contenidos, los procedimientos y los elementos del sistema (maestros). Pero, al mismo tiempo, debe procurar que no ahogue sus propios objetivos la rigidez burocrática que inevitablemente genera un aparato de vigilancia centralizado y, además, de esas dimensiones. En un intento por mitigar este efecto, la estructura de la reforma incorpora mecanismos para hacer más flexible y eficiente cada punto de servicio (escuela). Por eso habla de abrir la escuela al mercado de recursos económicos (autonomía de gestión); se insiste en la transparencia, los consejos de participación, la flexibilidad en la enseñanza, y una evaluación interna, no punitiva, por fuera del aparato global de vigilancia.

Y, tercero, se adelanta ya en los documentos de origen que el objetivo general designado para esta nueva organización del sistema educativo es el desarrollo del capital humano de México. (Ahora es cuando Mexicanos Primero, Introducción. En línea). La visión empresarial no busca sólo la eficiencia: busca, sobre todo, la reorientación de la educación a su conveniencia.

El paquete de reforma, sin embargo, tiene un problema básico: el desconocimiento profundo que tienen las cúpulas de la realidad educativa. Incluso el Banco Mundial llegó a reconocer esto como un problema, a su manera, al ver el fracaso de muchas de sus iniciativas.

La fallida descentralización educativa de los años 90, aunque originalmente fue una demanda empresarial, la retomó plenamente años más tarde un Salinas en la cúspide de su proyecto neoliberal. Para llevarla a cabo consiguió el apoyo de todos los gobernadores y de la dirigencia del SNTE y, la propuesta de revalorización del maestro se tradujo incluso en un aumento en los ingresos de no pocos profesores (Carrera Magisterial); aunque finalmente fracasó. En comparación, desde el comienzo la actual y agresiva reforma aparece sin sustento. Nace promovida con bombo y platillo por las televisoras y por las no muy legitimadas cúpulas empresariales que son vistas como llenas de arrogancia y privilegios, renuentes a pagar impuestos, responsables de la campaña de linchamiento contra los maestros, indiferentes ante un país en crisis de empleo, de oportunidades para los jóvenes y de pobreza vil. Es una reforma empresarial que no suscita el entusiasmo de los titulares de las entidades (incluido el del D.F.) que son los que ahora –junto con el gobierno federal- cargan el costo cen conflicto de esta aventura.

Por otro lado, las cúpulas empresariales se enfocaron en la aprobación del paquete legal a cualquier costo, sin que su visión parcial les permitiera anticipar que el costo principal de su insistencia lo sufriría su propio proyecto. Así, la ley se aprobó, pero ahora no tiene quien la cumpla, y se enfrenta a una poderosa desobediencia civil que la hace caminar sin rumbo y sin perspectivas claras. En contraparte, el que se ha fortalecido grandemente es el movimiento ya nacional de maestros y sectores populares que se prepara para una larga lucha de desobediencia a nivel nacional, en cada escuela, zona y entidad federativa. Una disidencia que también ha retomado otra lección de las batallas orientales: aprovechar al máximo la fuerza del adversario para que sea su propio impulso el que lo enrede e inmovilice. Reiterando su desconocimiento de la realidad, los autores de la reforma ahora sólo contemplan como salida obligar al gobierno a imponer por la fuerza el cumplimiento de la ley. Y con eso sólo confirman a los demás que su arrogancia y limitada visión de clase nulifica su capacidad de comprensión y liderazgo social. Hace un siglo Pritchet afirmaba que no se había desarrollado más sabio consejero en temas educativos que el hombre de negocios. Ahora eso no se ve nada claro (en Barrow, 1990).

*Profesor/investigador del Departamento de Educación y Comunicación, UAM-X