Entre 2010 y 2011, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó más de mil 600 pruebas de ADN a restos localizados en fosas clandestinas. La mayor parte de las diligencias fue en apoyo a las procuradurías de justicia estatales.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que durante el gobierno de Felipe Calderón, las fuerzas armadas realizaron un mapeo de fosas clandestinas detectadas en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero y Veracruz, pero al ser información clasificada, sólo se entregó al Presidente. Todos los casos fueron considerados responsabilidad de los gobiernos estatales.

En México no existe un registro de inhumaciones clandestinas porque las autoridades locales no informan de los hallazgos a ninguna autoridad federal, mientras el Ministerio Público Federal sólo participa a partir de la atracción de casos, como ocurrió en las fosas de San Fernando, Tamaulipas, y en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Información desclasificada del Departamento de Estado de Estados Unidos indica que las autoridades mexicanas han tratado de minimizar los crímenes del narcotráfico, el cual opera prácticamente con total impunidad, reveló la organización no gubernamental National Security Archive.

En los documentos se acusa a la administración calderonista de ocultar información de las matanzas sistemáticas de migrantes que transitaron por México y denuncia la complicidad de funcionarios con el crimen organizado. En el texto revelado se precisa que el Ejército y la Marina han continuado hallando fosas con cadáveres. La cuenta se eleva a 196.

El actual vocero del gabinete de seguridad, Eduardo Sánchez, dijo no tener ninguna posición al respectdo; sólo mencionó que el objetivo de esta administración es combatir el nivel de impunidad (relación entre crímenes y sentenciados o de hechos delictivos no aclarados). Resaltó que la información de incidencia delictiva se ha difundido de manera permanente.

La impunidad en cualquier hecho delictivo no puede ser el resultado final de un proceso. Nosotros trabajamos para que la impunidad no exista, no se dé, y que las personas a quienes se les ha comprobado culpabilidad reciban castigo, señaló en conferencia de prensa.

Información recabada por este diario indica que en el bienio 2010-2011, la PGR destinó 18 millones 159 mil 851 pesos para estudios genéticos tanto a los restos localizados como a familiares de las víctimas, lo cual no siempre arrojó resultados de coincidencia.

Los registros de la PGR refieren la localización de fosas clandestinas relacionadas con grupos criminales, las investigaciones realizadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2008, cuando se localizaron los restos de 36 osamentas en 16 sitios.