Los fondos de pensión de los mexicanos se han caracterizado por sufrir millonarias minusvalías, baja rentabilidad y altos precios que cobran las empresas administradas, lo que se han convertido en un despojo permanente para los trabajadores, mientras que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) han obtenido este año ganancias superiores a los 20 mil millones de pesos.

La política de desmantelamiento y privatización de la seguridad social y los fondos de pensiones que se impuso lo mismo a trabajadores al servicio del Estado, con la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que a quienes cotizan para empresas privadas a través del Seguro Social, ha relevado al Estado de sus obligaciones sociales y ha significado un despojo de los ahorros de los trabajadores, quienes a cambio de entregar estos recursos el capital financiero para su administración, están recibiendo jubilaciones magras e inciertas.

Una investigación titulada Privatización y despojo de las pensiones del Issste señala lo anterior y advierte que el Estado busca que la reforma a los sistemas de pensiones lleguen a los trabajadores de Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Telmex.

En el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el gobierno no quita el dedo del renglón de restructurar el contrato colectivo de trabajo para que las pensiones se entreguen a través de individualizar las cuentas e incrementar las condiciones para el tiempo de jubilación de los petroleros, de 55 a 65 años de edad, y que en lugar de 25 años de servicio sean 35.

La investigación, realizada por Ana Alicia Solís de Alba y Max Ortega, ambos profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Iztapalapa, advierte que el rasgo característico de los sistemas de pensiones de México por un lado es el saqueo, y por otro, su vulnerabilidad al entorno económico y financiero, y prueba de ello son las múltiples minusvalías que han sufrido.

Explica que los beneficiarios inmediatos de dichos fondos son los empresarios privados nacionales y extranjeros, mientras los trabajadores propietarios de dichos fondos tienen que pagar onerosas comisiones y vivir en el riesgo permanente de que estos sistemas no pueden garantizar un tasa de rentabilidad segura. Incluso, como 63 por ciento de los cotizantes tienen ingresos hasta de 3.5 salarios mínimos en promedio, de mantenerse estos niveles salariales es probable que las pensiones que alcanzarán los trabajadores al final de su vida laboral los mantendrán en condiciones de pobreza.

Los ahorros para el retiro ya significan casi 10 por ciento del producto interno bruto, además de que de los más de 39 millones de cotizantes, 24 millones son cuentas inactivas. Esto último se debe en gran parte al despido de trabajadores, a que muchos se van a laborar por su cuenta o son contratados por honorarios, por hora y no tienen contrato fijo. Las cuentas están concentradas en un número reducido de Afores de la banca trasnacional.

Tan sólo en 2008 la volatilidad financiera significó minusvalías para los mexicanos cercanas a los 53 mil millones de pesos y la de 2013 aún no está cuantificada.

El documento concluye que el desmantelamiento de la seguridad social fue impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; que en el caso de la nueva Ley del Issste creó en paralelo un escenario de privatización de los servicios del instituto; y que ante los amparos interpuestos por los trabajadores, una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver a favor de la constitucionalidad de esta reforma, volvió a subrayar la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo.