urante 20 años, desde su levantamiento armado en 1994, los zapatistas han hecho una de las cosas más difíciles que puede acometer el ser humano: han dejado de ser siervos, han dejado de obedecer las causas de otros, se han empeñado en construir y defender su propia forma de vida y de gobierno. Y es por eso que, para muchos, resultan molestos o incómodos, y los tres niveles de gobierno pretenden destruirlos de muchas formas y con todos los recursos a su alcance. No lo van a lograr.

Las juntas de buen gobierno han denunciado en reiteradas ocasiones que las comunidades bases de apoyo zapatistas están sufriendo agresiones por parte de grupos civiles armados, con el apoyo del gobierno, para despojarlos de sus tierras.

Durante todo este tiempo las acciones de agresión y hostigamiento contra las comunidades zapatistas no han cesado. Una de las formas más recurrentes para despojarlos de sus tierras es mediante la implementación del programa Fanar (Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar).

Este programa es una extensión del Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales), que consiste en medir las tierras para titularlas de manera individual.

El gobierno pretende llevar a cabo esta acción dentro de las tierras recuperadas por el EZLN desde que se levantó en armas en 1994. Estas tierras, en su momento, fueron pagadas por el gobierno federal a los hacendados, que a la sazón se ostentaban como los propietarios.

Los zapatistas han trabajado estas tierras y las tienen en posesión desde 1994; por ello resulta totalmente ilegal que el propio gobierno esté implementando ese programa para titular las tierras a grupos auspiciados por los partidos políticos contrarios al zapatismo.

La tierra fue una demanda esencial del EZLN, pues la autonomía y su forma de gobierno no se podrían ejercer sin territorio; es por ello que los gobiernos de los tres niveles pretenden despojarlos de sus tierras, dándole al despojo un tinte de legalidad mediante este tipo de programas, como Procede y Fanar. No lo van a lograr.

En general, en México existe una política antiagrarista desde que se reformó el artículo 27 constitucional en el año 1992. Esta ofensiva ha colocado a los ejidos y las comunidades en una situación jurídica de gran vulnerabilidad, lo que ha facilitado el despojo de sus tierras para desarrollos turísticos, mineros, carreteros, centros comerciales, etcétera. Los conflictos por la posesión y la propiedad de la tierra han aumentado.

En las comunidades se ha presentado el fenómeno de juicios civiles de usucapión, inmatriculación y otros, sobre tierras de régimen ejidal y comunal, promovidos por sujetos que posteriormente pretenden hacerlas valer como propiedad privada amparándose en estas resoluciones de jueces civiles.

Hay que recordar que durante estos 20 años los gobiernos federal, estatal y municipal han tratado de justificar los despojos y las acciones de hostigamiento y agresión contra las comunidades zapatistas, y para ello han echado mano de otros mecanismos, como el combate al narcotráfico, la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y hasta la defensa de la reserva de la biosfera de Montes Azules en la Selva Lacandona.

Nosotros nos preguntamos: ¿por qué el gobierno –y sus grupos armados– insisten en atacar y en destruir a los zapatistas? Y la respuesta que encontramos es ésta: porque el gobierno y su poder necesitan, para ser más fuertes, de la debilidad de los ciudadanos. Y los zapatistas dejaron esa debilidad a un lado. Porque aceptar y contribuir con la forma de vida que nos impone el poder es aceptar y contribuir a nuestra propia servidumbre. Y los zapatistas hace 20 años dejaron toda servidumbre a un lado. ¡Viva el EZLN!