Los 20 años que ha estado en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) poco o nada se han traducido en avances en el campo de la salud pública en México, ya que el sector nunca estuvo en condiciones de diseñar mecanismos viables de competencia entre las tres naciones que integraron el acuerdo, sostuvo Gustavo Leal Fernández, experto en temas de seguridad social.

En entrevista con La Jornada, el profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana explicó que una de las pocas ventajas que ha traído el acuerdo ha sido la posibilidad de importar sin aranceles equipos médicos para diagnóstico con tecnología de punta, pero explicó que su escala es poco representativa.

Tampoco se materializaron el intercambio de profesionistas ni las posibilidades de trabajo para mexicanos en Estados Unidos y, aunque luego de la privatización del sistema de pensiones, con Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, hubo un ajuste en el esquema de vacunación en México (que ahora se asemeja más al de los nuevos socios) eso no puede atribuirse directamente al tratado.

En cambio, dijo que los 20 años del TLCAN han derivado en un modesto crecimiento oligopolizado del mercado hospitalario privado y la presencia de un mercado emergente de medicamentos genéricos, igualmente oligopolizado.

Los 20 años del tratado muestran un pobre crecimiento en el potencial del sector exportador especializado, así como en materia de la agenda para la compra e intercambio de servicios entre los sectores aseguradores y hospitalarios, puntualizó, aunque agregó que a mediano plazo dicha situación podría alterarse por el impacto de la operación plena del Obamacare, la reforma sanitaria del presidente estadunidense Barack Obama.

Lo que sí se consolidó, dijo, fue el sistema de pago de patentes a través de acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que fueron firmados por México en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tema que el actual gobierno pretende ampliar aún más en su capítulo de derecho intelectual en las negociaciones en curso del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP), a cargo del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Leal Fernández sostuvo que la imposibilidad de garantizar la salud para todos en el marco del ánimo competitivo del tratado, culminó en una estructura de parches nacionales escalonados diseñada por los tecnócratas de al menos dos generaciones.

“Primero, con el Seguro Popular (diseñado por Julio Frenk), que opera como una suerte de seguro de gastos médicos menores, y después, con la propuesta de seguridad social universal de Peña Nieto, que articula una visión limitada para expandir derechos universales mínimos de protección social básica, renunciando abiertamente a la seguridad social integral”.

En ese aspecto, explicó que la cultura sanitaria del tratado avanzó consistentemente en la imposición de paquetes básicos o mínimos de intervenciones médicas explícitas a través de un extendido y sucesivo proceso de reformas sectoriales que iniciaron con el secretario Guillermo Soberón (1982-88).

De acuerdo con Leal, esos racionamientos tecnocráticos nacieron como el Programa de Ampliación de Cobertura de la Secretaría de Salud implementado en el sexenio de Zedillo y las 13 intervenciones esenciales de bajo costo y alto impacto de la componente de salud del programa Oportunidades.

Como ajustes a la baja de los catálogos de prestaciones médicas del IMSS-Issste, ese racionamiento fue indiscriminadamente generalizado por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, culminando las 285 intervenciones del Catálogo Universal de Servicios Esenciales y las 58 del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, así como las 131 del Seguro Médico Siglo XXI (con Felipe Calderón, denominado Seguro Médico para una Nueva Generación).

“Todos estos racionamientos acotan el ‘derecho’ a la salud a un paquete de servicios que no atiende lo que hoy por hoy enferma y mata a los mexicanos, comprometiendo la calidad del servicio. Sin embargo pretende justificarlos demagógicamente como derechos ‘universales’ financiados con impuestos generales”, criticó.