La Comisión Permanente discutirá la próxima semana una solicitud a los gobiernos federal y de Baja California, así como a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, para que eviten el despojo de más de 2 mil hectáreas al pueblo del ejido Tribu Quilihuas, que habita en la sierra de San Pedro Mártir, Ensenada, por parte de la empresa Fuerza Eólica.

En un punto de acuerdo presentado por el PRD, se señala que la compañía pretende apropiarse de ese territorio, aun cuando el parque eólico para el que tiene permisos sólo requiere de seis hectáreas para instalar únicamente ocho torres generadoras.

Dicha empresa es propiedad de Carlos y Pablo Gottfried; este último fue inscrito en 2010 en el Registro Nacional Agrario como ejidatario de la Tribu Quilihuas, y en esa calidad votó en favor del contrato para beneficiar a su compañía, la cual se ha expandido gracias a los permisos que le ha otorgado el gobierno federal, principalmente en el sexenio de Felipe Calderón.

El punto de acuerdo, que fue turnado a la Tercera Comisión de Hacienda, refiere que en el país se subestima el valor de la tierra, lo que se ha traducido en serios conflictos sociales entre los poseedores de la tierra, pueblos y comunidades indígenas con los gobiernos municipales, estatales y federal, así como con las empresas desarrolladoras de energía eólica.

Refiere que en esa situación se encuentra la comunidad yumana de Baja California, específicamente el ejido Tribu Quilihuas, ubicado en una zona rocosa y árida del valle de la Trinidad, en Ensenada.

En 1994, el pueblo celebró con Fuerza Eólica un contrato de promesa de arrendamiento para la instalación y operación de aéreogeneradores, para la construcción de un parque eólico.

No obstante dicha manifestación de voluntad, el pueblo se encuentra confrontado ante la intención de un sector por celebrar un convenio de transacción que modifica la promesa de arrendamiento, con el propósito de despojarlos de las 26 mil 910 hectáreas de que consta su ejido y desarrollar sólo 30 megavatios, con ocho aerogeneradores, incluyendo una cláusula de exclusividad sobre la totalidad de la tierra, así como el impedimento de establecer actividades económicas si estorban al proyecto eólico, así como la negación de que el ejido sea un asociado dentro del proyecto, señala la petición.

El punto de acuerdo, presentado por el diputado Carlos de Jesús Alejandro, resalta que el área autorizada originalmente equivale a 250 hectáreas, de las cuales sólo 6.7 podrán ser utilizadas para el desarrollo del proyecto, y sólo cuatro se afectarán de forma permanente.

Esto representa menos de 1 por ciento del total requerido y autorizado para desarrollar el proyecto, lo que hace innecesario enajenar casi 27 mil hectáreas, indica. Además, plantea que el contrato inicial también fija una remuneración muy por debajo de las normas internacionales, que fijan entre 1 y 4 por ciento de las utilidades brutas anuales.

Finalmente, se señala que antes de suscribir el contrato de arrendamiento no se cumplió el protocolo de actuación de los derechos de personas, que señala la obligación del estado de consultar las actividades que les afecten.