El debilitamiento del Pacto por México dejó 40 por ciento de sus 95 compromisos sin cumplir, de acuerdo con un análisis del PRD. Faltan, entre otros, los correspondientes al crecimiento económico, el empleo y la competitividad, además de leyes reglamentarias para algunas reformas constitucionales.

El PRD renunció al mecanismo de concertación nacional en noviembre pasado, al presentarse la reforma energética del Ejecutivo federal, lo que para ese partido significó que el pacto estaba muerto.

Sin embargo, hay una serie de pendientes de los acuerdos suscritos en diciembre de 2012 por PRI, PAN, PRD y el gobierno federal. Por ejemplo, en materia de seguridad y justicia, derechos humanos, indígenas, migrantes, campo, cultura, la reforma política para el Distrito Federal y transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable.

Según el documento que en diciembre de 2012 suscribieron, el Estado tiene que generar las condiciones que permitan el crecimiento económico que resulte en la creacion de empleos estables y bien remunerados. Para ello, México debe crecer por encima de 5 por ciento, así que debe incrementar la inversión pública y privada hasta alcanzar más de 25 por ciento del producto interno bruto en inversión privada e incrementar la productividad de la misma.

Se requiere, por tanto, impulsar reformas para extender los beneficios de una economía formada por mercados competitivos, lo que incluye competencia que permita la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios.

Otro de los pendientes es estructurar un programa de largo plazo para el desarrollo especializado en ciencia y tecnología, más investigadores y de centros dedicados a la ciencia, la tecnología y la innovacción y, como consecuencia, incrementar el número de patentes.

En materia de seguridad y justicia se plasmó el compromiso de emprender un plan nacional de prevención y participación comunitaria, reformar los cuerpos policiacos, así como el sistema penitenciario. Se enfatizó en enfocar los esfuerzos del Estado para disminuir las cifras de asesinatos, secuestros y extorsiones.

Aunque se acordó con organizaciones campesinas la reforma estructural para el campo, aún están pendientes las acciones para reactivarlo, a fin de garantizar la seguridad alimentaria como una política de Estado y establecer medidas específicas para contener el precio de los alimentos, erradicar la pobreza extrema y promover a un sector de la economía que actualmente produce por debajo de su potencial, de acuerdo con lo establecido en el Pacto por México.