Buenos Aires, 3 de enero.

El canciller argentino Héctor Timerman consideró “extremadamente graves“ las declaraciones realizadas desde Israel por el ex embajador de ese país en Argentina, Itzhak Avirán, quien reveló que Tel Aviv eliminó a la gran mayoría de los culpables de los atentados de 1992 contra la embajada israelí y de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) lo que provocó sorpresa, indignación y nuevas dificultades entre ambos gobiernos.

De las declaraciones de Avirán se deducen las razones por las que Israel se opone al memorando con Irán (firmado en 2012), señaló Timerman quien analizó que estas afirmaciones demuestran que se "ocultó la información a la justicia argentina, impidiendo que surjan nuevas evidencias al esclarecimiento del caso".

Al hablar desde Israel con la Agencia Judía de Noticias, Avirán dijo que la gran mayoría de los culpables (de ambos atentados) ya está en el otro mundo, y eso lo hicimos nosotros.

Timerman, aseguró a la agencia oficial Télam que sin duda “si se hubiese cooperado con la justicia argentina como indican los tratados internacionales, tal vez los culpables ya estarían purgando por sus crímenes y los familiares podrían, finalmente, saber que las víctimas recibieron la justicia por la cual vienen luchando desde hace tantos años".

También consideró que Avirán "debe aclarar si hay otros implicados en el atentado que estén vivos y entregar dicha información a la justicia para ser incorporados a la causa junto a los actuales procesados" y explicar si Israel tiene información sobre la culpabilidad o inocencia de los actuales sospechosos del atentado por los cuales nuestro país ha solicitado sean extraditados o que sean indagados en Irán".

Otro tema que impactó son los elogios del ex embajador al juez Juan José Galeano, quien tuvo a su cargo la escandalosa investigación sobre el atentado en la AMIA, bajo instrucciones tanto de Estados Unidos como de Israel impulsando la supuesta culpabilidad de los hechos a Irán.

La inteligencia de ambos países aportaron a Galeano un primer testigo poco después del atentado a la AMIA en 1994, que resultó ser un falso ex funcionario iraní y debió ser rápidamente eliminado del juicio luego que se descubrió que era un personaje ligado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

A ese primer escándalo sucedieron otros, como la inculpación a policías locales bajo falsas pruebas, así como el pago de 400 mil dólares a un delincuente también detenido en este caso, que hizo Galeano y la dirigencia de la Delegación de Asociaciones Israelíes-Argentinas (DAIA) para inculpar a iraníes y policías. El juicio fue cerrado en 2007 y Galeano y su equipo fueron destituidos.

El actual fiscal de la causa, Alberto Nisman, es el único que continuó, y se le considera ligado al poder israelí, por lo cual en diversos sectores no existe confianza en sus actuaciones destinadas a culpar a. altos funcionario iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, el ex presidente Alí Rafsanjani y el ex consejero cultural iraní en Argentina, Moshen Rabbani. Todo sin pruebas.

En la misma causa también están procesados el ex presidente Carlos Menem, el ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, todos ellos amigos de Avirán.

El gobierno israelí se ha opuesto al memorando firmado entre Argentina e Irán que posibilita que jueces argentinos vayan a Teherán a tomar declaraciones, a los imputados por Nisman.

La cancillería argentina citó al encargado de negocios de la embajada de Israel para el 6 de enero, y Timerman fijó posición al sostener que "Argentina reitera que apoya en forma decidida la lucha contra el terrorismo internacional dentro del respeto a las leyes y a los derechos humanos y rechaza de manera categórica la posibilidad que un país decida condenar, y mucho menos asesinar, a cualquier persona sin un juicio previo que demuestre su culpabilidad. Argentina, como todos los países civilizados, busca justicia y rechaza la venganza".

Por otra parte, y mientras aún continúan algunos cortes de luz y las protestas, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sancionó a las empresas Edesur y Edenor, anunció el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien negó que el Ejecutivo impulse un aumento de la tarifa eléctrica.

Adivirtió que por la negligencia y los incumplimientos gravísimos en el servicio en las últimas semanas, en que el país estuvo bajo una intensa y larga ola de calor, las empresas deberán pagar a usuarios de acuerdo también a la duración del corte. Además, aumentó al cien por ciento las multas que estas tienen aún sin pagar por los cortes de dos años atrás.

De acuerdo a esta decisión Edesur deberá desembolsar unos 33.7 millones de dólares y Edenor unos 11 millones 748 millones de dólares para retribuir a los usuarios, mientras pequeñas y medianas empresas inciarán juicios por los daños y pérdidas que también suman millones.

Por otra parte, crecen las exigencias para que el Estado tome el control de ambas empresas privatizadas en los años 90 y luego las estatice.