s muy importante empezar a reflexionar sobre la nueva situación de la industria eléctrica en México, luego de las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Diversas experiencias internacionales ayudan. El tarifazo español es una de ellas. El 26 de diciembre pasado se aprobó un procedimiento diseñado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)), órgano regulador, para determinar de forma extraordinaria el precio de la electricidad para el primer trimestre de 2014. ¿Por qué extraordinaria? Porque desde el cambio que introdujo la competencia en electricidad (Ley del 27 de Noviembre de 1997), los precios se determinan con base en un mercado de electricidad con contratos mayoristas de suministro. Con subasta para de día siguiente, de intradía, de futuros. Y hay mercado de derivados. Y, sin duda, especulación.
Cerca de 20 por ciento de usuarios (dos tercios de la energía consumida) tiene precios dependientes, en lo fundamental, por ese mecanismo. El 80 por ciento restante –casi 28 millones con menos de 10 kilovatios de demanda contratada, básicamente residenciales y pequeños establecimientos– tiene precios compuestos en 25 a 30 por ciento por las subastas realizadas unos días antes de cada trimestre; en 50 por ciento por el componente regulado que cubre costos de transmisión y distribución, más otros cargos como las ayudas al carbón nacional, los costos de transición a la competencia y los subsidios a las renovables, eólica y solar, primordialmente; y el resto por impuestos.
Dato curioso: el consumo ha bajado y los precios han subido. Por ejemplo, el precio medio para usuarios domésticos con consumos mensuales de 200 a 400 kilovatios-hora ha subido 70 por ciento de 2008 a 2013 (27 por ciento en la Unión Europea). Y sin la actual intervención gubernamental, un inexplicable incremento –gobierno dixit– de 26 por ciento registrado en la subasta del pasado diciembre, hubiera representado un incremento de 11 por ciento. Con ello se hubiera acumulado casi 90 por ciento de elevación en seis años de mercado eléctrico. Conviene saber, por cierto, que en 2013 la España peninsular registró una demanda máxima de 39 mil 963 megavatios, inferior a la máxima histórica de 44 mil 876 megavatios de diciembre de 2007. Y que su capacidad instalada superó los 100 mil megavatios.
Por ello, su diferencial bruto entre demanda máxima y capacidad alcanzó cerca de 60 mil megavatios, fenómeno que debe ser analizado con cuidado, dado el alto porcentaje de generación con base en fuentes renovables (intermitentes) por un lado, y el alto costo financiero que representa, por el otro. Además, de una generación total de 266 mil 502 gigavatios, la proveniente de renovables alcanzó 42.4 por ciento: 20.4 eólicos, 15.4 hidráulicos, 4.7 solares y 1.9 de térmicas renovables. Si sumamos el 21.3 nuclear, se acumula un 63.7 por ciento que no depende de combustibles fósiles. El 36.3 por ciento restante se logró con 14.9 de carbón, 12 por ciento de termoeléctricas no renovables y 9.4 de ciclos combinados a gas natural, el de casi 10 dólares por millón de unidad térmica británica allá. (Cerca de tres dólares en América del Norte y casi 16 en Asia-Pacífico). Gran esfuerzo contra los gases de efecto invernadero. Pero con claroscuros.
No es un secreto que dominan las generadoras de Endesa e Iberdrola. Pues bien, en 2013 cerca de una tercera parte de la energía comercializada en el mercado mayorista, se entregó a comercializadoras –tampoco es secreto que dominan con el 70 por ciento Endesa e Iberdrola– a precio de subastas trimestrales, para entrega a 80 por ciento de los consumidores, que se acogió a la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR, creada en 2009), justamente los usuarios domésticos y de pequeños establecimientos señalados antes. El precio final es la suma de la parte determinada en el mercado mayorista de generadores, y la regulada. Y es menor si el usuario cuente con el llamado Bono Social que congela o baja precios a domésticos con una potencia contratada inferior a tres kilovatios; a pensionados con prestaciones mínimas; a familias numerosas; y a hogares con todos sus integrantes desempleados. Para el resto de usuarios que consume dos tercios de la energía, el precio se determina también con comercializadoras, o directamente con contratos bilaterales vinculados a precios spot del mercado mayorista. Son usuarios con demandas superiores a los 10 kilovatios.
Bueno, pero ¿a petición de quién diseñó la reguladora española la propuesta que rompe con el esquema de subastas de mercado, tradicional desde hace siete años? Del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. ¿Por qué razón? Por lo que ya señalaba un poco antes, pues la 25 subasta del Centro que elevaba el precio al mayoreo en 26 por ciento resultó inexplicable para el mismo gobierno, según lo aseguraron diversos personeros de alto nivel. La determinación oficial –por el momento fuera del mecanismo de mercado– sólo representa un incremento de 2.3 por ciento, en lugar del 11 por ciento inicial. Pero con esto –por cierto no por primera vez– una vez más hay un cuestionamiento social generalizado sobre el mercado eléctrico español. Pero esto fue el segundo acontecimiento crítico de 2013. Antes rondaba ya la idea de que es insostenible el llamado déficit tarifario (agujero eléctrico, lo llamó en julio la vicepresidenta del gobierno español) que alcanza ya cerca de 32 mil millones de euros, porque los ingresos no recuperan costos. El mercado no ha servido para eso. Por diversas razones, se piensa que el agujero eléctrico es responsabilidad del gobierno. Y que la modificación apresurada de la legislación eléctrica julio pasado no lo resolverá. Por eso hoy, el vergonzoso tarifazo renueva el cuestionamiento sobre el mercado eléctrico español.
No se trata solamente –como aseguró el gobierno– de un déficit derivado del sobredimensionamiento de instalaciones y de las subvenciones a las renovables. No. A decir de muchos analistas –incluso favorables al mercado y desde hace varios años– el diseño y la operatividad de éste han dejado mucho que desear. Y exigen su restructura. Ya profundizaremos en ello. ¿Qué sucede en Gran Bretaña, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Noruega? ¿Qué sucederá en el México del nuevo 27 constitucional, con leyes reglamentarias que se aprobarán en menos de 120 días? Lo iremos viendo. De veras.
