Tecún Umán.

Tamaulipas se ha convertido en un hoyo negro que traga a las personas, donde miles de guatemaltecos han desaparecido en su paso a Estados Unidos.

En eso coinciden cuatro mujeres guatemaltecas que se han unido para buscar a sus esposos e hijos. Todas han escuchado hablar de San Fernando, la ciudad identificada por las fosas clandestinas donde fueron encontrados más de 193 cadáveres y por la masacre de 72 migrantes centroamericanos, pero señalan que ninguna ha recibido el apoyo de los gobiernos de México o Guatemala para buscar a sus seres queridos.

Martina León Macario explica en quiché, su lengua natal, la forma en la que su hijo Carlos Manuel González, de 27 años, desapareció en Tamaulipas el 28 de septiembre de 2011: “El coyote nos dijo que los corretearon en el camino. Fue el único que desapareció del grupo”.

Tomasa Pacajoj traduce lo anterior y luego expone la desaparición de su esposo, Pedro Morales González, el 26 de abril de 2007: “Me llamó de un hotel en Camargo. Luego el sábado el coyote me dijo: se nos tronó el grupo. Y a los tres meses me llamó un hombre para pedir rescate”.

Lucía Macario busca a su esposo Mateo José Luis Gutiérrez que desapareció en Reynosa el 29 de julio de 2011: “Fue la última vez que hablé con él y nos dijo: ‘ya no tengo dinero’. Se escuchaban otras voces alteradas y después se cortó la comunicación”.

Las tres son de Chichicastenango, y junto a ellas está María Santos López, de Chimaltenango que busca a su hijo Derbin Antonio Gómez López, desaparecido el 20 de marzo de 2010: “A los nueve días que partió me llamó el coyote para decirme que los Zetas los habían secuestrado en San Fernando, que retuvieron tres autobuses y en uno de ellos iba Derbin. Al año me buscaron para decirme que en las fosas de San Fernando había un cadáver que podía ser mi hijo, pero nunca más volvieron a llamar”.

Las cuatro guatemaltecas llevan las fotos colgadas al cuello y han formado parte de distintas caravanas de madres migrantes centroamericanas, pero nunca han pisado Tamaulipas, un estado que les resulta inaccesible, porque no les garantizan su seguridad y al que, a pesar de todo, quieren visitar.

Repleto de fosas

El flujo migratorio de centroamericanos que pasan por Tamaulipas rumbo a Estados Unidos no ha bajado, a pesar del peligro que representa.

El activista Raymundo Ramos lleva dos décadas defendiendo los derechos humanos en Nuevo Laredo, y hace unos días ayudó a un guatemalteco amenazado por la delincuencia organizada: Estaba en el hotel y al salir lo amagaron con una pistola y pretendían obligarlo a trabajar con ellos. Fuimos por él, lo llevamos a la terminal de autobuses, le compramos un boleto y lo sacamos de aquí.

La dimensión del problema es tan grave que Ramos, quien dirige el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha creado una red humanitaria de ayuda a migrantes desde el sur hasta el norte, cuando menos para monitorear su presencia, es decir, si un migrante está atorado en Tamaulipas y podemos ayudarlo, lo trasladamos a un albergue, ofreciéndole ayuda de transporte, salud, alimentos.

Tamaulipas está considerado como uno de los estados más inseguros, y dice que se ha convertido en un panteón fronterizo, con víctimas de todas partes. Está cubierto de sangre, no sólo de fosas clandestinas. ¿Y que está haciendo la procuraduría? No está haciendo absolutamente nada. Si no hay interés por identificar los cuerpos donde la autoridad tiene conocimiento, qué interés pueden tener en abrir fosas clandestinas e identificar cadáveres.

De acuerdo con cifras oficiales, afirma que en los tres años rcientes, sólo de Matamoros a Nuevo Laredo, se han sepultado en panteones municipales a 5 mil personas no identificadas. Y faltan las fosas clandestinas, sobre las cuales, no hay ninguna investigación.

Hay que atribuirle estas fosas clandestinas no solamente a la delincuencia organizada, sino también a la autoridad. La Marina, el Ejército y la Policía Federal secuestran, desaparecen, realizan ejecuciones extrajudiciales. Aquí hay de todo. Por eso la impunidad permea en el gobierno de Tamaulipas. Aquí nadie dice nada. El gobernador no dice nada, el Congreso tampoco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos guarda un silencio cómplice, hasta Estados Unidos, que pone el grito en el cielo por cualquier cosa, en esto permanece callado.

El Servicio Médico Forense está rebasado, señala, y no existen las condiciones necesarias para un trabajo genético riguroso. Por ejemplo, en Nuevo Laredo carecen de anfiteatro y son las funerarias las que le dan servicio a la Procuraduría de Justicia del estado; por tanto, la cadena de custodia de una muestra de ADN se sigue haciendo a la antigüita.

Tres años después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una recomendación al gobierno tamaulipeco por la masacre de 72 migrantes en San Fernando, por omisiones y prácticas irregulares en la investigación y la falta de preservación de las evidencias en el lugar del crimen, la recolección precipitada de indicios y la mala actuación sobre los cadáveres, lo que ha ocasionado que aún 12 de las víctimas sigan sin ser identificadas.

Ramos coincide con este reciente informe, porque dice que las cosas se hacen mal de origen: Desde el levantamiento del cuerpo. Lo he visto cuando van a sacar un migrante ahogado en el río Bravo, para ellos es una cifra más. No hay ningún interés. En Tamaulipas debería estar operando una oficina estatal de identificación de cuerpos.

En dicha entidad podría haber más de 10 mil desaparecidos, dice, de acuerdo con los cálculos de organizaciones no gubernamentales, ya que el Estado no ha proporcionado las estadísticas, a pesar de que cada día llegan denuncias sobre personas desaparecidas: No podemos pensar que se acabó la guerra en el noreste de México. Aquí los casos siguen acumulándose.

A pesar del panorama que viven, comenta que ni el gobierno federal ni el Congreso de la Unión voltean a ver hacia Tamaulipas: El gobernador Egidio Torre no ha demostrado un solo gesto humanitario con las familias de las víctimas. Tenemos tres años pidiendo una audiencia por escrito. Me extraña cómo en Michoacán se habló en su momento de una desaparición de poderes y en Tamaulipas no, a pesar de que está siempre en los primeros cinco lugares de tendencia delictiva.

Lamenta que los migrantes no encuentran en ninguna autoridad el auxilio y la protección que necesitan como personas: La necesidad es muy grande; cuando un migrante viene es porque ya no le queda otra: o se muere de hambre o se arriesga a buscar otras condiciones de vida, aunque eso signifique pasar por Tamaulipas.

Compañeras de infortunio

El cabello negro azabache de Tomasa Pacajoj resplandece con el intenso sol a la orilla del río Suchiate. Tiene una mirada brillante y una sonrisa espontánea que ilumina el camino que siguen sus compañeras de viaje con desaparecidos en Tamaulipas.

Su esposo Pedro trabajaba sembrando manzana, pero la paga por más de 10 horas de labor cada vez alcanzaba menos. Ganaba sólo 40 quetzales al día, alrededor de 70 pesos. Por eso se animó a irse hacia Estados Unidos: había que pagar 500 dólares anticipadamente y mil 500 más al llegar a su destino.

A los tres meses de partir le llamó un hombre para solicitar un rescate. Buscó el dinero, empeñó su casa y pagó mil 800 dólares: Yo le pedí que me pasara a mi esposo, pero nunca me lo pasaron. Por eso quiero llegar a la frontera. Mi caso está hasta Tamaulipas. Le exigimos justicia al presidente Enrique Peña Nieto. Queremos que haga algo por nosotros. Es una gran tristeza que nosotros llevamos encima.

Martina León Macario la interrumpe en lengua maya. Quiere añadir algo sobre su hijo Carlos, conductor de camiones: Sueño muy seguido con mi hijo. Lo sueño triste, pero vivo. Yo sé que está vivo; preso o secuestrado. Quiero ir a buscarlo a Tamaulipas.

María Santos se une a ese deseo. Sabe que a su hijo Derbin lo bajaron en San Fernando: No puedo resignarme. Ese vacío que hay en mi corazón nadie lo va a llenar. Tanto ADN que hemos mandado y de qué sirve. Él está fracutrado de una mano, tenía dos clavos. Yo quiero a mi hijo, aunque no este vivo. Quiero sus restos.