Buenos Aires, 5 de enero.

La respuesta de la cancillería israelí que calificó ayer de pura fantasía las afirmaciones del ex embajador en Argentina, Itzhak Avirán, de que su país había eliminado a la mayoría de los responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en julio de 1994, fue considerada no sólo insuficiente, sino que no cierra el grave episodio que tensó la relación entre ambas naciones.

El gobierno argentino, el fiscal de la causa y los familiares de las víctimas piden explicaciones, dijo el analista Raúl de la Torre, mientras el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner citó para mañana al encargado de negocios israelí.

Las afirmaciones del ex embajador Avirán a la Agencia Nacional Judía el pasado 2 de enero, ocurren en momentos en que Argentina e Irán intentan sacar adelante un memorando de entendimiento firmado el año pasado entre ambos países, para que los jueces y fiscales argentinos que realizan la investigación sobre el atentado que dejó 85 muertos se trasladen a Teherán para escuchar los testimonios de algunos altos funcionarios, supuestamente involucrados en los hechos.

Opción para llegar a la verdad

Desde el primer momento, esta opción, que es considerada la única posibilidad de llegar a la verdad, ha sido rechazada por Israel, la poderosa Delegación de Asociaciones Argentino-Israelíes (DAIA) y por la dirigencia de AMIA.

Periodistas y juristas que investigaron la causa entienden que no existen pruebas concretas de que altos funcionarios y diplomáticos iraníes sean responsables de estos hechos, y que la acusación está basada en la insistencia de Estados Unidos e Israel en acusar a Irán.

El gobierno iraní, a su vez, dice tener suficientes pruebas de que sus funcionarios no son responsables, y ante la falta de evidencias no están dispuestos a enviar a éstos ante la justicia de otro país, y menos aún cuando hay intereses externos jugando cartas en este asunto.

Uno de los hechos claves es que ya la justicia argentina pasó un mal momento cuando por presiones externas logró la detención en Londres de un ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, en agosto de 2003, para ser extraditado, acusado también en esta causa.

Sin embargo, la justicia londinense rechazó por falta de pruebas los fundamentos enviados por Argentina para extraditarlo, y debió compensar con una indemnización al diplomático por el tiempo que estuvo detenido por una suma cercana a las 200 mil libras esterlinas.

Itzhak Avirán dijo el jueves pasado que Israel ya había enviado al otro mundo a la mayoría de los responsables del atentado contra la AMIA, lo que fue interpretado como una ejecución, y en el comunicado de la cancillería argentina del pasado 4 de enero se remarcó el respeto a la legislación internacional en cuanto al ejercicio de la justicia.

El canciller Héctor Timerman reiterará este lunes la exigencia de que Israel entregue cualquier información sobre el atentado contra la mutual judía.

De la Torre, en su análisis, recordó que “los dichos del ex embajador no son un hecho aislado. En marzo de 2010, otro embajador de Israel en Argentina, Daniel Gazit, había dicho algo muy parecido al diario Perfil. Sabemos quién estuvo detrás del atentado contra la embajada de Israel, quién lo organizó, quién dio las órdenes y quién lo hizo, con nombres y todo. Y ya dimos cuenta de ellos, dijo Gazit.

“Aquella declaración motivó que familiares de las víctimas se presentaran ante la Suprema Corte –que investiga este caso– y exigieran citar a Gazit”, señaló De la Torre

Avirán fue embajador en Buenos Aires entre 1993 y 2000 y fue muy cercano al ex presidente Carlos Menem (1989-1999), en cuyo gobierno se cometieron los atentados contra la embajada de Israel (1992) y AMIA (1994).

Una de las serias consecuencias de las declaraciones de Avirán es que, para los israelíes, los culpables serían otros, porque dicen que ya enviaron a los responsables al otro mundo, pero la realidad es que los acusados por la justicia argentina están vivos, por lo tanto no estarían entre los responsables, advirtió el analista.

Por otra parte, dos fiscales de Instrucción de la ciudad de Córdoba dictaron 35 prisiones preventivas contra imputados por los robos y saqueos durante el acuartelamiento y huelga de la policía provincial en los primeros días de diciembre pasado.

El fiscal Raúl Garzón advirtió que la causa avanza en conocer los vínculos familiares y profesionales de los acusados con efectivos de la fuerza de seguridad, durante el paro policial que dejó territorio liberado.

Algunos jueces y fiscales acusan ahora a policías acuartelados de sedición.