omienza 2014 con datos sobre el trato preferencial que el gobierno mexicano concede a los consorcios mineros. En paralelo, oficialmente se informa que existen en el país casi 600 sitios gravemente contaminados, especialmente en los estados de Guanajuato, Veracruz y Querétaro. Una parte mínima de esos sitios (1.5 por ciento del total) han sido atendidos. La disposición de residuos a cielo abierto o en lugares que carecen de las condiciones necesarias para que no constituyan peligro, provocan severos daños a la salud público y el medio ambiente. Bueno sería conocer el nombre de las industrias y las mineras que los ocasionan. Contribuyamos a este ejercicio citando tres que en la entidad donde viven la señora Marta y el señor Vicente, llevan lustros contaminando y enfermando a la población: Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad con su termoeléctrica y la empresa Química Central de México.

Comienza el nuevo año y nos enteramos que las trasnacionales mineras no se irán de México en busca de mejores lugares para invertir y obtener jugosas utilidades. Por algunos columnistas que les sirven de voceros en los medios, hicieron saber su inconformidad por el cobro de derechos que, aseguran, desalienta la inversión en ese rubro. En especial la externa, que los tres últimos años fue de unos 3 mil millones de dólares. Además de tener que pagar un poquito más por las utilidades multimillonarias que logran, aumenta cada día lo que gastan para protegerse de las bandas criminales. El año pasado erogaron en seguridad 500 millones de pesos. De todas formas, no se van porque aquí obtienen elevadas ganancias y la vigilancia de las autoridades para que no contaminen ni afecten la salud de trabajadores y vecinos deja mucho que desear.

Actualmente hay más de 600 proyectos mineros en proceso financiados con capital externo, especialmente en busca de oro y plata, cobre, uranio y zinc. Pero además existen 2 mil 31 concesiones mineras (de las casi 27 mil que hay en el país), ubicadas en áreas naturales protegidas, sin que se cuenten con medidas suficientes para regular esa presencia a fin de impedir daños a la biodiversidad, a recursos tan fundamentales como el agua y a la salud de quienes habitan especialmente en el sector rural. Esas concesiones se encuentran por todo el país y afectan a reservas de la biósfera tan importantes como El Pinacate y Gran Desierto de Altar, la Sierra Gorda, la Mariposa Monarca, El Vizcaíno y los Tuxtlas. Hay igualmente actividades mineras en otros sitios considerados prioritarios por su riqueza en flora y fauna lo mismo en Sonora, Veracruz, Baja California Sur que en Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit y Sinaloa.

El potencial minero que existe en las áreas naturales protegidas se conocerá este año y, aseguran los funcionarios responsables de garantizar el buen estado de esas áreas, servirá de punto de partida a las instancias oficiales para conciliar el aprovechamiento de la riqueza minera con el medio ambiente. Un propósito que, por ejemplo, las trasnacionales canadienses cumplen en parte en su país, pero no en los demás, como lo prueba la realidad en Perú y México. El agua y su conservación aparece como el punto clave, pues la minería la requiere en grandes cantidades y para obtenerla se la quita a otras actividades de las que depende el bienestar de miles de familias. En paralelo, contamina el líquido con las sustancias tóxicas y peligrosas que utiliza en sus procesos de extracción.

También se expande el sector eléctrico privado bajo diversas modalidades, en especial las fuentes renovables. Pero, a diferencia de lo que se asegura en la machacona publicidad oficial, están por verse los frutos de producir más energía con menos daños al ambiente y en favor de la economía de las familias consumidoras. En cambio, surgen la inconformidad social y de los expertos por los proyectos eléctricos privados que deterioran áreas naturales importantes y quitan el agua a los productores agrícolas y a las poblaciones. Un ejemplo de lo anterior se vive ahora en el centro de Veracruz.

Así comienza el año que, promete Peña Nieto, marca la gran recuperación económica, social y ambiental del país.